Lecciones del fracaso de la Paz Total para el próximo gobierno

Con intención o sin intención, el gobernador de Antioquia, Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se han convertido en referentes de lo que no puede ocurrirle al próximo presidente de Colombia con la política de seguridad y paz que adopte para reducir la violencia que está sufriendo el país.

Desde que asumieron sus cargos, Rendón y Gutiérrez no han desperdiciado oportunidad para atribuirle a la política de Paz Total del actual Gobierno cada ataque de los grupos armados en Antioquia y cada desafuero de los ilegales urbanos. Aunque a veces no haya relación entre una cosa y otra.

Incluso el gobernador de Antioquia comenzó sus ataques a la Paz Total antes de posesionarse. “La Paz Total es una más de las contemporizaciones que ha hecho Colombia de tiempo atrás con los criminales”, dijo el 12 de diciembre del 2023, al entrar a un encuentro de mandatarios regionales con el presidente Gustavo Petro.
Y el alcalde de Medellín celebraba sus 100 días de gobierno cuando afirmó: “Yo lo que he visto aquí no es una Paz Total, sino una entrega total del territorio a las estructuras criminales”.

Si bien Rendón y Gutiérrez son abiertos opositores de Petro, es muy difícil que una estrategia de seguridad y paz nacional salga adelante sin el entendimiento y el apoyo de los mandatarios regionales y locales. Incluidos los que no pertenecen a la oposición.

No solo porque los mayores actos de violencia de las organizaciones ilegales ocurren fuera de Bogotá, sino también porque los habitantes de las zonas que padecen esos actos escuchan, en primer lugar, a sus autoridades más próximas: gobernadores y alcaldes. Y si el mensaje de estos es que las decisiones del Gobierno nacional los exponen a la inseguridad y la violencia, como ha ocurrido con la administración Petro, todo lo que se decida en la Casa de Nariño para desescalar la violencia tendrá un camino cuesta arriba.

Por eso, sincronizar a los gobernadores y los alcaldes con la estrategia de seguridad y paz que adopte, será una tarea necesaria para quien resulte elegido en el 2026 como gobernante de Colombia si es que quiere obtener mejores resultados que los del actual periodo presidencial.

Al margen de los desaciertos de la Paz Total en estrategia y metodología, que desembocaron en resultados casi nulos, sobre lo cual hay un consenso más o menos generalizado incluso dentro de quienes apoyaron a Petro, para la política de seguridad y paz será siempre indispensable el respaldo de los mandatarios regionales y locales.

Otra razón poderosa es que eso contribuye a obtener el apoyo ciudadano, que es todavía más importante en un tema tan sentido como el de la seguridad, que, nuevamente, se ha posicionado en las encuestas como la principal preocupación de los colombianos.

No hay que olvidar que la decisión de los electores en la próxima contienda presidencial estará marcada por ese tema.

Que las autoridades locales estén sintonizadas con la política de seguridad y paz del presidente ayuda bastante y aligera la tarea en la puesta en marcha de los planes, tanto operativos como jurídicos, que establezca el próximo mandatario para contrarrestar la violencia generada por los distintos grupos armados ilegales que tiene hoy el país.

Sería una torpeza política pasar por alto que el proceso de paz con las Farc tuvo una de sus mayores dificultades, si no la principal, en la activa oposición que le hizo el expresidente Álvaro Uribe a la decisión del entonces presidente Juan Manuel Santos de cerrar el conflicto con esa guerrilla mediante una negociación.
Ese hecho, además de que tuvo un alto costo en popularidad para Santos -cerró su gobierno con 35 por ciento, pero meses antes estuvo en 21 por ciento- fue determinante para que se perdiera el plebiscito por la paz y para que, luego, en las zonas más golpeadas por la violencia de las Farc, ganara el candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, quien de manera irresponsable paralizó la implementación del acuerdo de paz negociado en La Habana.