El recibo de luz paga la marcha
El Gobierno nacional habría utilizado recursos asociados a una empresa de energía intervenida por el Estado para financiar y coordinar la movilización de una marcha política promovida por el presidente Gustavo Petro.
Documentos internos, listados de personas a movilizar, contratos de transporte con saldos disponibles y registros de coordinación directiva, muestran que buses pagados con recursos de la empresa intervenida habrían sido utilizados para trasladar asistentes a una manifestación política oficial. Fuentes con acceso directo a esa documentación y a la operación logística de la compañía señalan que no se trató de un error administrativo, sino de un presunto desvío de recursos públicos para fines políticos.
Vamos al contexto. En septiembre de 2024, el Gobierno nacional intervino la empresa de energía Air-e, con el argumento de proteger a los usuarios, garantizar la continuidad del servicio eléctrico y corregir una crisis financiera y operativa en la costa Caribe. Quince meses después, el resultado parece ser peor. Un deterioro acelerado en los tres frentes y un hueco financiero que hoy supera los 2,5 billones de pesos en deudas. Tremendo des-Air-e.
En la práctica, ese desbalance sigue creciendo a una tasa cercana a los 150.000 millones de pesos mensuales. La respuesta del Gobierno no ha sido una explicación detallada de las decisiones que llevaron a ese resultado, sino la intención de trasladar el costo al bolsillo de los usuarios. Esto mediante un recargo tarifario que socializa las pérdidas de la empresa intervenida sin que, hasta ahora, se hayan depurado responsabilidades. El de atrás paga.
Desde la intervención de Air-e, la empresa ha sido administrada por funcionarios públicos. Durante el período de intervención, la compañía se endeudó en el mercado de energía, amplió su estructura administrativa y celebró contratos que han sido públicamente cuestionados y ahora son objeto de interés de organismos de control. Lejos de la contención del daño, lo que se observa es una expansión del riesgo en plena crisis financiera.
En ese período clave aparece un nombre central: el del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, quien fue interventor de Air-e cuando el deterioro se aceleró. Bajo su gestión, la empresa no se recuperó; por el contrario, su situación financiera y operativa empeoró. Pese a ello, es hoy el mismo funcionario que desde el Gobierno impulsa la narrativa según la cual ese descalabro debe ser cubierto por los ciudadanos vía tarifa, o incluso trasladado a los propios generadores, a quienes se les propone, en la práctica, asumir con sus propios recursos las deudas que dejó la intervención estatal.
Entre los cuestionamientos que circulan aparecen la tercerización de compras estratégicas, presuntos sobrecostos en insumos esenciales y un aumento de la burocracia directiva. A ello se suma el nombramiento, por parte del ministro Palma, de su primo hermano como gerente contable de Air-e, una decisión que, como mínimo, plantea interrogantes éticos y de conflicto de interés. Entre primos, más exprimo, presuntamente.
Pero existe otra razón que explica todo esto y no está solo en la mala gestión. Está en los indicios de que recursos y logística de Air-e habrían sido utilizados para fines ajenos a su operación misional y funcionales a promover el apoyo político del Gobierno. Ahí es donde la historia deja de ser una discusión técnica y entra en un terreno mucho más polémico.
Los indicios comienzan a ordenarse en una línea de tiempo precisa. Esta columna revisó cartas oficiales y documentación contable que muestran cómo se ha ido estructurando esto. Un ejemplo salta a la vista. Para eso vamos a un documento con fecha del 29 de enero de 2025, y elaborado por una de las empresas de transporte autorizadas por la compañía.
La tabla se titulada ‘Transporte ida y regreso de Carnaval de Barranquilla’, según el cual la compañía Carsturismo SAS debía movilizar a miles de personas para la famosa fiesta. La realidad es que esto fue para una marcha en Barranquilla, programada para el 30 de enero de 2025 y convocada por el Movimiento Nacional por la Democracia Energética. Esa manifestación, respaldada oficialmente por el Gobierno nacional, era para exigir la reducción de las tarifas de energía eléctrica y presionar por la aplicación de una nueva fórmula tarifaria, que, según el Ejecutivo, debía beneficiar a los usuarios en la región Caribe.
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Según la metadata del archivo, fue elaborada por Carsturismo, empresa sancionada y embargada en agosto de 2024. El documento se inició y se modificó por última vez el mismo día, 29 de enero de 2025, y su contenido muestra los lugares de encuentro con hora y número de personas, utilizadas para movilizar la gente a la manifestación. Llamémoslo Casiturismo.
Un dato importante es que el Carnaval de Barranquilla se celebró del 1° al 4 de marzo, y no en las fechas que figuran en ese archivo. Así, se coordinó una marcha para reducir las tarifas eléctricas pagada con los recursos de la empresa intervenida para reducir las tarifas eléctricas. Ni una Marimonda ni un Monocuco hubieran podido inventar cipote de vacile.
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Pero sigamos. El proceso de coordinación de esto habría estado a cargo del secretario general de Aire-e, durante el periodo de intervención, el señor Diego Acosta. Este es el mismo funcionario que, de acuerdo con versiones internas y registros ampliamente difundidos en redes y medios de comunicación, ha sido mencionado en otros episodios sensibles, entre ellos la ostentosa celebración de su cumpleaños, en la que se habló públicamente de un presunto manejo de recursos de la empresa por una suma cercana a los 1.000 millones de pesos, hecho que él ha negado, pero que generó fuertes cuestionamientos sobre el origen de los fondos. Parece que hubo moros donde Acosta.
Ese antecedente no es menor ni anecdótico. No se trae a colación por el tono festivo del episodio, sino porque refuerza un patrón de alertas internas sobre el manejo de los recursos de la empresa intervenida, la discrecionalidad en las decisiones sensibles y la ausencia de controles claros dentro de una compañía que, en teoría, debía operar bajo un escrutinio reforzado a cargo del Estado.
Dentro de los documentos revisados existe un contrato con Air-e identificado con el número C01122024, con un valor de casi 2.000 millones de pesos, o 1´979.934.350 para ser exactos, cuyo objeto es la “prestación del servicio de transporte en modalidad fija e intermunicipal para el personal operativo” en Atlántico, Magdalena y La Guajira. En abstracto, el objeto contractual puede parecer legítimo. El problema no es el papel, sino el contexto y el uso real como la tabla titulada Carnaval de Barranquilla.
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Volvamos a las fechas. Ese 30 de enero de 2025, según fuente internas que pidieron reserva, la polémica senadora del Pacto Histórico, la doctora Isabel Zuleta, se encontraba alrededor de las 10:30 de la mañana en las instalaciones de Air-e. No se trató de una visita protocolaria ni de un recorrido público. De acuerdo con las fuentes internas, que han pedido guardar su identidad, la senadora Zuleta habría sostenido una reunión privada con el secretario general Diego Acosta, en un espacio cerrado, ubicado frente a la oficina del agente interventor, dentro de las instalaciones de la empresa.
Según esas mismas fuentes, durante ese encuentro se habría producido una entrega a la senadora de lo que pareció ser dinero en efectivo por parte del señor Acosta. Ese mismo día también se encontraba el señor Edwin Palma en las instalaciones, pero este no estuvo presente en esa reunión. Una Palma-dita en la espalda de la politiquería.
Aunque esa entrega de dinero en efectivo es difícil de probar y puede que no sea cierta, la sola presencia de Zuleta en ese lugar y en ese momento no es irrelevante. La senadora no es una congresista más. Es una de las figuras políticas más agresivas del petrismo, con un rol activo en la movilización social, en la defensa del Gobierno y en la articulación de convocatorias callejeras en respaldo a la agenda del presidente. Su actuación política no se limita al debate legislativo; incluye la organización, promoción y legitimación de marchas como herramienta de presión y respaldo político.
Pero un dato más. Pocas horas después de la reunión descrita por la fuente, Zuleta promovió públicamente, en sus redes sociales, la marcha política en Barranquilla en apoyo al Gobierno, con los puntos de encuentro definidos y llamados explícitos a la asistencia. ¿Y que creen? Esos puntos de encuentro que promovió la senadora son los mismos que figuran en la tabla de Excel de la empresa transportadora, titulada Carnaval de Barranquilla.
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Por eso, la coincidencia temporal entre la reunión privada en una empresa intervenida por el Estado, la activación de logística de transporte registrada en documentos internos y la convocatoria política difundida ese mismo día con los mismos puntos no puede leerse como un hecho aislado o casual. Pese a esto, ni la senadora Zuleta, ni el señor Acosta ni el ministro Palma quisieron responder las preguntas de esta columna sobre estos hechos.
Lo cierto es que los documentos existen, las pruebas están y los servicios se prestaron. Lo que se encuentra en discusión no es la facturación, sino el destino real de los recursos y si hubo un desvío material del objeto contractual. Mientras tanto, el gobierno pide mayores sacrificios. Más tarifas, más recargos, más ajustes. Solicita a los ciudadanos que paguen el descalabro de una empresa intervenida en nombre del interés público.
Pero si no se esclarece quién autorizó, coordinó y se benefició del uso de recursos de la empresa intervenida en actividades ajenas a su operación, el recargo tarifario y el cobro de mayores tributos a los generados de energía no será una medida de estabilización, sino una transferencia de errores. Y lo que terminaría pasando es que el ciudadano paga, en su recibo de la luz, el costo de las marchas que benefician el proyecto electoral del Gobierno nacional.
@yohirakerman; [email protected].
