El salario mínimo vital sin manual de instrucciones
El presidente Petro decretó un incremento del salario mínimo (salario base) para 2026 del 23 por ciento, que lo deja en 1.750.905 pesos sin auxilio de transporte y en 2.000.000 pesos al incluirlo —cuando aplique—. Lo presentó como la materialización de un “salario vital digno”. Es un aumento anual excepcional para la realidad macroeconómica del país, superior incluso al 16 por ciento que pedían las centrales obreras. Nadie discute el propósito: que los trabajadores vivan mejor. El problema es el método. Cuando un gobierno invoca a la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para legitimar una decisión —como efectivamente ocurrió— lo mínimo que se espera es coherencia: invocar el estudio y aplicar también el “manual de instrucciones” que lo acompaña.
La OIT ha sido explícita: las estimaciones de salario vital deben servir de fundamento a un diálogo social basado en evidencia. Ese marco insiste, entre otros principios, en (i) consulta real con organizaciones representativas de empleadores y trabajadores “en todo su desarrollo”, (ii) transparencia técnica —fuentes, procesamiento y reproducibilidad— y (iii) consideración del contexto regional o local. El Gobierno, sin embargo, tomó lo que le convenía del discurso (“salario vital”) y omitió lo que incomoda: la arquitectura de participación, evidencia y territorialidad que vuelve viable el concepto.
La consecuencia inmediata de imponer una cifra de esta magnitud sin adhesión ni convencimiento nacional es que el país entra en un gran experimento social, observado con interés dentro y fuera de Colombia. No por lo “noble” del objetivo, sino por lo riesgoso del procedimiento. Fijar el salario mínimo no es un acto retórico: es una política que opera sobre la economía real y debe moverse con ella, no contra ella. Y la economía no se somete a grandes ajustes de la noche a la mañana, ni con un decreto y una alocución presidencial: requiere gradualidad, señales predecibles y un plan de transición por sectores, regiones y tamaños de empresa. Cuando una decisión así se adopta de forma sorpresiva —y además se caricaturiza de antemano la crítica— el costo del ajuste no desaparece: se traslada a otros canales de la economía, con efectos inevitables y, a menudo, no previstos.
“… el costo del ajuste no desaparece: se traslada a otros canales de la economía, con efectos inevitables y, a menudo, no previstos”.
¿Cuáles son los canales por los que se desplaza y los riesgos? El primero es el más obvio: precios. El presidente Petro argumentó, en la alocución presidencial en la que hizo el anuncio, que si las personas ganan más, gastan más, y eso dinamiza la economía. Es cierto que el ingreso disponible impulsa la demanda por bienes y servicios. Pero también es cierto que el salario mínimo atraviesa cadenas de producción completas: agricultura, logística, comercio, servicios intensivos en mano de obra, tercerización, vigilancia, aseo, restaurantes y buena parte de las pymes. Si el costo laboral sube con este salto, una porción terminará trasladándose a precios, porque no todas las empresas pueden absorberlo en sus márgenes ni convertirlo en productividad instantánea. Mayor circulante sin oferta que crezca al mismo ritmo suele traducirse, precisamente, en presiones inflacionarias.
El segundo canal es el empleo. En el mundo real, cuando los costos suben de golpe, la respuesta típica es una combinación de: recorte de márgenes, aumento de precios, reducción de contratación, sustitución de empleo formal por informalidad y automatización donde sea posible. Es probable que el mayor costo no se vea inmediatamente en el desempleo abierto, pero sí en la calidad del empleo: menos vacantes nuevas, más tercerización y más informalidad. En especial, en empresas pequeñas y sectores con baja productividad donde el salario mínimo funciona como “piso” y como “ancla” para todo el escalafón salarial.
El tercer canal es la competitividad exportadora. Sectores agroexportadores como el banano o las flores, la manufactura intensiva en mano de obra remunerada cerca del salario mínimo y los servicios prestados a clientes en el exterior enfrentan una asimetría temporal: para unos ya están pactados precios del próximo bimestre o trimestre; para otros, tarifas a 6–12 meses. Esos acuerdos se negociaron con proyecciones de un aumento razonable, no con un salto desmedido. Los costos suben de inmediato desde enero, pero el ajuste de precios —cuando existe— llega después. Solo una depreciación suficiente del peso podría compensar el mayor costo laboral; de lo contrario, la pérdida de competitividad es simple aritmética contractual.
“La consecuencia inmediata de imponer una cifra de esta magnitud sin adhesión ni convencimiento nacional es que el país entra en un gran experimento social”.
El cuarto canal, poco discutido, es el impacto sobre quienes reciben salario integral. Con un salario mínimo más alto, sube el umbral legal del salario integral (en la práctica, 13 salarios mínimos). Esto obliga a las empresas con salarios integrales a revisar remuneraciones: o ajustan al nuevo piso, o migran esquemas contractuales o recortan posiciones.
A todo lo anterior se suma un error conceptual que viene de tiempo atrás: desconocer las realidades territoriales. Colombia no tiene el mismo costo de vida en Bogotá que en Paipa, Pereira o Tumaco. Un “salario vital” —o un salario mínimo— que no incorpore diferencias regionales corre el riesgo de ser insuficiente en unas zonas y excesivo en otras, afectando justamente a los más vulnerables: trabajadores en territorios de baja productividad y alta informalidad.
La OIT también recuerda algo esencial: no existe una solución única y hay que atacar las causas de los bajos salarios. Eso, precisamente, es lo que el Gobierno omitió. Abordar esas causas supone enfrentar la baja productividad, la ausencia de formación y formalización, los costos no salariales, la falta de competencia y los déficits de infraestructura, reducir la burocracia y adoptar reglas laborales que incentiven la creación de empleo. Un incremento abrupto por decreto, sin consulta amplia, sin transparencia —con información detallada y reproducible— y sin enfoque territorial, es la receta perfecta para que una buena intención termine en inflación, informalidad y frustración social.
Es una lástima que el país vaya a quedar “descuadernado” por una decisión que pudo construirse mejor. A los empresarios de todos los tamaños nos corresponde un esfuerzo responsable para que el ajuste sea lo menos traumático posible: productividad, diálogo interno, rediseño de procesos y planes de formalización que no sacrifiquen empleo. Y al próximo gobierno le corresponderá lo más difícil: reconstruir confianza y liderar consensos, aplicando de manera completa —y no selectiva— las recomendaciones técnicas de la OIT y de otros especialistas en la materia. Un salario vital se construye, no se impone, como lo ha reiterado esa organización. Y como cualquier equipo sofisticado, si se instala sin atender el manual de instrucciones, lo más probable es que falle.
“Es una lástima que el país vaya a quedar “descuadernado” por una decisión que pudo construirse mejor”.
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