“Estamos a punto de perder a Colombia para siempre”
La frase de campaña es del cantante antioqueño Lucas Arnau, uno de los exponentes del tropipop, aquel género nacido en Miami a comienzos de este siglo. Una estrategia de achatamiento cultural que alcanzó cierto éxito hasta la llegada del reguetón que lo aplastó todo. Arnau y su padre Michel han vivido usufructuando de manera irregular una zona insular del archipiélago de San Bernardo, en el Caribe colombiano, según el expediente de la Capitanía de Puerto de Coveñas bajo el número 19032019017. Allí construyeron una vivienda llamada Casa Mar y Cielo, sobre predios de la nación. La Dirección General Marítima (Dimar) ha impuesto varias multas a ciudadanos como Arnau que pretenden, usando maniobras legales, demostrar lo indemostrable: que al ocupar esos terrenos baldíos “no le hacen daño a nadie” y, al contrario, deben felicitarlos e indemnizarlos por haberles hecho “mejoras”.
Una vez esas sanciones se hacen efectivas, personajes como el compositor de Te doy mi vida usan los medios y las redes sociales para lanzar mensajes que se esparcen como esporas microscópicas que se implantan en la opinión pública para ocultar lo sustantivo y desviar la atención hacia lo superlativo. Cuando el Estado y sus instituciones intentan cumplir la ley y atender su función, que consiste, entre otras, en garantizar que ningún ciudadano colombiano tenga privilegios sobre bienes y tierras que son públicos, el grito de batalla de quienes se sienten amenazados por espurios, es que la izquierda y los comunistas nos oponemos a que las cosas mejoren, o que personas como él progresen (sic), y que por ese camino vendrá la consolidación de un proyecto similar al venezolano, o al soviético o a cualquier idea general proveniente de malas películas gringas de los años ochenta que sirven para crear el enemigo y el miedo e impedir el verdadero debate: ¿es acaso a estas propiedades ocupadas de manera ilegal que se refieren quienes dicen que “les están arrebatando” el país?
Lo que les parece lógico en la teoría se vuelve sinuoso en la práctica. El lío de los baldíos en Colombia ha sido histórico y ha producido violencia, desplazamiento y masacres, a partir de la usurpación de la propiedad de predios que han sido ocupados para cambiar su naturaleza pública y hacer negocios, usando la opacidad del aparato estatal desde hace décadas. Académicos, periodistas, historiadores, economistas y científicos sociales de todas las tendencias ideológicas así lo han estudiado y denunciado a través de los años. Reportajes de investigación, informes de organizaciones de derechos humanos, foros académicos, informes de comisiones a lo largo de la historia, tesis universitarias, libros y un sinfín de materiales se han ocupado de señalar cómo el despojo de la tierra ha sido central en el conflicto colombiano desde la emancipación que condujo a la independencia.
Desde el siglo XIX, con sus guerras civiles y disputas regionales, hasta la derrota en la Guerra de los Mil Días por parte de los liberales, y la cooptación de millones de hectáreas durante la hegemonía conservadora, hasta el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y un nuevo ciclo de la Violencia, el pacto de Chicoral, entre empresarios y gamonales, o el Gobierno de Álvaro Uribe y las trizas de su discípulo, el duque sin dominios, este país ha intentado, una y otra vez impedir cualquier avance sobre reformas agrarias, censos catastrales y una verdadera claridad sobre la propiedad de la tierra. Y cada vez que hay una amenaza, que no es otra cosa que el deber ser de la ley, ponen el grito en el cielo y amenazan con tigres que pueden convertirse en feroces ejércitos privados para atemorizar y seguir dominando y viviendo de las rentas de lo público a sus anchas.
Las denuncias de las comunidades han sido recurrentes en las últimas seis décadas. Por alzar la voz, los líderes sociales son asesinados día tras día en Colombia. Cada vez que cae un líder comunitario hay que preguntarse con verdadera intención qué o a quién estaba contestando: ¿un propietario, una empresa, un proyecto? Son esas luchas las que han sido castigadas por proyectos políticos conservadores, confesionales y reaccionarios que han usado el aparato del Estado para dominar y capturar el patrimonio público volviéndolo privado; aquellos que insisten en un Estado pequeño, manejable, para dominarlo a través de empresas y alianzas con corporaciones internacionales que garanticen un desarrollo que brilla por su ausencia.
El caso de las islas ha sido documentado por la prensa desde hace décadas. Sin embargo, este Gobierno ha tenido una actitud mucho más decidida en recuperar predios y baldíos que servirían, entre otros beneficios públicos, para cumplir el acuerdo de paz y restituir más tierras. Una de las entidades adscritas al Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), ha recuperado más de 18.000 hectáreas para campesinos y comunidades en varios departamentos del país.
Según el medio Vorágine, la ANT tiene 158 predios ya identificados en estos archipiélagos, de los cuales 82 cuentan con vínculo contractual. Islas Pavitos sector II y La Perra con un canon de 4.118.500 pesos y 3.558.100 pesos, respectivamente, están arrendadas a Augusto Robayo, el dueño de Kokoriko; isla Macabí, de 9.180 metros cuadrados, arrendado a la sociedad Servicios Náuticos del Caribe SAS; la isla del Taitao, que tiene 6.800 metros cuadrados, está rentada en 1.312.200 pesos a la empresa Hermann Schwyn y Cía. SA. La isla Totumo, de 8.800 metros cuadrados, con un canon de 965.200 pesos, tiene por arrendatario a Hans Reynaldo Martínez Emiliani. La isla Majayura, de 1.308 metros cuadrados, con un canon de arrendamiento de 1.233.900 pesos. La isla Caracolí, de 6.250 metros cuadrados, arrendada por 8.487.800 pesos a Carlos Daniel de Jesús Castañeda Campo. La isla Pelícano, de 500 metros cuadrados, tiene un canon de arrendamiento de 1.129.600 pesos a nombre del empresario José Ramón de la Torre Lago, quien falleció en marzo de 2022, y fue vicepresidente de Bavaria y presidente de Esso Colombia durante casi veinte años. La isla aparece publicada en la plataforma de hospedaje Airbnb con un costo de 5.042.857 pesos por noche. La isla San Juan de Pajarales, de 2.293 metros cuadrados, está arrendada por 2.164.000 pesos a Rosasco Cardi y Compañía S en C, compañía inmobiliaria, cuya representante legal es Mónica Cecilia de Fátima Rosasco… y la lista continúa en el informe que aparece en el portal del medio.
Uno no puede dejar de sorprenderse del cinismo de algunos colombianos que siguen repitiendo que esos privilegios de los que gozan son legítimos. La tierra, las islas, los páramos, el mar, los ríos… la vida de todas y de todos en manos de pocos que cuando deben poner en práctica aquello que predican en público no se cumple. Reacciones desproporcionadas como las del señor Arnau, que además sirven a insuflar al país de gasolina, solo nos conducen, una y otra vez, a sin salidas que son las que debemos impedir, como sociedad, que se repitan. Los ciclos de violencia del país han tenido que ver con disputas sobre la tierra y es evidente que no habrá camino para la paz si no asumimos una verdadera revolución agraria que aclare el catastro de la propiedad del país y redistribuya entre los millones de colombianos que han sido despojados de sus derechos.
Arnau usa, sin saberlo, una vieja estrategia de la ficción que, sin embargo, le juega a la contra: miente para encubrir desviando la atención pero nos revela la verdad. La mentira se ha usado en la ficción y en el arte para revelar la verdad del poder, en este caso, desde el poder, la mentira solo se convierte en una verdad obvia y evidente que solo puede ser contestada con violencia. Es por eso que la única opción que puede defender alguien así es aquella que representa ese candidato que promete destripar a quien quiera que sea diferente, que ose contestar, discutir, estar en contra de sus intereses. Dicho candidato, que no merece ser nombrado, representa una manera de ser colombiana que debemos desterrar para siempre de nosotros. Esa versión del hombre millonario que se burla de todo el mundo, que es capaz de acomodar su moral a lo que más le convenga, que es mentiroso por naturaleza, que es machista y que, por supuesto, vive su vida como una estrategia legal en la cual todo vale para seguir siendo inocente así se violen las leyes.
He visto a personas y profesionales que consideraba moderadas e inteligentes sumarse a esta campaña que han emprendido personajes como los que he citado, nombrándolos o sin hacerlo, para crear un relato fantasioso y absurdo que quieren sembrar en la mentalidad. Columnistas de prensa capaces de señalar que Iván Cepeda “ha tenido simpatías” por las Farc, y que es mejor evitar algo así. Se han empeñado en alzar el puño para gritar a los cuatro vientos que Iván Cepeda es un guerrillero y que, de nuevo, Colombia se convertirá en Venezuela. Personas que se acostumbraron a privilegios por relaciones con el poder que ha entregado a mineras, empresas privadas y particulares, páramos, islas, playas y tierras que son de todos los colombianos.
Un modelo estatizador, un modelo comunista que produce pobreza, son los argumentos de la mayoría de los candidatos de la centro y la ultra derecha. Un modelo que quiere “quitarnos el país”. ¿El país de quién? ¿A quién le pertenece un país, una nación, una idea del mundo? ¿Quién era el dueño de un territorio soberano llamado República de Colombia y a quiénes se lo están arrebatando?
Uno se pregunta si la única alternativa que ven estos sectores que han medrado alrededor de las élites y los clanes políticos colombianos es seguir haciendo pactos reaccionarios para continuar cerrándole el camino a un país productivo, donde el campesinado sea propietario y se acabe este sistema feudal que no ha dejado de producir violencia. Un país que sea dueño de sus islas, de sus ríos, de sus océanos, de sus páramos. Un país que no siga repitiendo la frase de patrones que instalan el miedo como estrategia de dominación y subyugación. Un país que no tenga miedo de estar en desacuerdo. Un país que no sea una suma de islas conquistadas por piratas.
