La doble contabilidad del salario 'vital'
El filósofo y economista Mauricio Cabrera Galvis ha puesto el dedo en una llaga técnica que el Gobierno nacional parece haber ignorado deliberadamente en su reciente imposición del salario mínimo. En su columna del pasado lunes 5 de enero, publicada en CAMBIO, con el título ‘Salario mínimo y mínimo vital’, demostró que detrás del discurso del ‘salario vital’ sugerido por la OIT, los Decretos 1469 y 1470 de 2025 esconden una inconsistencia metodológica de dimensiones sistémicas. No se trata simplemente de una discusión sobre la generosidad de un ajuste; se trata de un error de cálculo que vicia la lógica jurídica y económica de la decisión.
La prueba reside en el considerando del Decreto 1469 de 2025. El texto define el salario vital como aquel "suficiente para garantizar a las personas trabajadoras y a sus familias un nivel de vida digno, que permita cubrir de manera efectiva sus necesidades esenciales, tales como alimentación, vivienda, educación, atención médica, transporte y vestido". Si el transporte ya es parte intrínseca de la meta de suficiencia, resulta inexplicable que el Decreto 1470 fije un auxilio de transporte adicional de 249,095 pesos con un incremento del 24,5 por ciento. Estamos ante una evidente doble contabilidad: el Ejecutivo le cobra dos veces el mismo rubro al empleador.
Confirmé que la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (ENPH) del DANE (2016-2017), base estadística de la OIT para proponer el salario vital en Colombia, incluye el transporte como parte del gasto esencial de los hogares. Buscando mayor validación técnica, contacté a los investigadores de la OIT, Nicolas Maître y Guillaume Delautre, autores del estudio que cita el Gobierno colombiano. Ellos redirigieron mi consulta a la vocera de la organización para los Países Andinos, Loretta Favarato, quien me confirmó que el estudio para Colombia es un "insumo técnico" solicitado por el Ministerio del Trabajo y que aún no es un documento público sobre el cual vayan a pronunciarse.
“Estamos ante una evidente doble contabilidad: el Ejecutivo le cobra dos veces el mismo rubro al empleador”.
Sin embargo, al analizar la metodología general y pública remitida en su respuesta, pude confirmar que el rubro de transporte -al menos en la metodología general- sí forma parte integral del cálculo del salario vital. Es decir, el Gobierno invocó un modelo que ya cubría el transporte para luego añadirle, por decreto separado —como es tradición en Colombia—, un auxilio adicional para cubrir nuevamente el rubro de transporte.
Lo más sorprendente es que el propio decreto admite que el ajuste del 23 por ciento se queda corto. Según el decreto, el valor estimado del salario vital para 2026 es de 1,826,190 pesos, lo que evidencia una brecha del 28,3 por ciento frente al salario base de 2025 de 1,423,500 pesos. Si el transporte ya estaba incluido en ese ingreso vital, el camino lógico era aumentar el básico a esa cifra y eliminar el auxilio de transporte. Hagamos la cuenta: en 2025, la remuneración total (base más auxilio de 200,000 pesos) era de 1,623,500 pesos. Para llegar al ideal vital de 1,826,190 pesos que el Gobierno define para 2026, el aumento efectivo sobre el ingreso total debía ser del 12,48 por ciento, cifra cercana al punto medio entre lo que pedían las centrales obreras (16 por ciento) y el empresariado (7,21 por ciento). Sin embargo, al sumar el nuevo básico de 1,750,905 pesos y el auxilio de transporte (duplicando el rubro de transporte), el salto real para el empleador es de un desproporcionado 23,2 por ciento.
Las consecuencias del experimento impuesto por el Gobierno Petro se sentirán en la economía real. Estudios especializados advierten que el incremento supera ampliamente el referente técnico de inflación más productividad de 6,22 por ciento, lo que añadirá cerca de 242 puntos básicos a la inflación de 2026. El costo fiscal para el Estado será de aproximadamente 7 billones de pesos (0,67 por ciento del PIB), dinero que saldrá de más impuestos o del recorte de programas sociales.
Los sectores más vulnerables serán los principales damnificados. Las pymes carecen de margen para absorber este choque de costos y los exportadores ven cómo su competitividad se erosiona no solo por la revaluación del peso, sino por un incremento salarial que se desmarca agresivamente de nuestros competidores. Mientras en Colombia el aumento del mínimo es del 23.2 por ciento para 2026, en Ecuador se acordó un 2.55 por ciento por consenso; en Panamá los ajustes oscilan entre el 1.5 y el 2.9 por ciento; Brasil aumentó un 6.79 por ciento; Chile se mantiene en rangos del 1.9 al 3.7 por ciento, dependiendo de la base de cálculo; y México, en acuerdo unánime, fijó un 12 por ciento.
“Las consecuencias del experimento impuesto por el Gobierno Petro se sentirán en la economía real”.
Puertas adentro, el impacto en el sector salud va a ser muy significativo. Mientras la UPC (Unidad de Pago por Capitación) tendrá un incremento global del 12.94 por ciento (9.03 por ciento para el régimen contributivo y del 16.49 por ciento para el subsidiado), la carga laboral básica del sector aumentará el 23.2 por ciento por imposición del Gobierno.
He conversado con empresarios y abogados laboralistas que advierten sobre despidos inminentes. Por ejemplo, en el sector de los Contact Centers, la alarma es total; algunos ya evalúan trasladar parte de sus operaciones a Ecuador o Centroamérica, donde los costos son competitivos y las reglas más predecibles. Es decir, despidos en Colombia y contrataciones en otros países. El país está entregando su mercado laboral formal a cambio de una narrativa populista que no resiste un análisis aritmético básico. Mientras tanto, el presidente Petro se distrae en peleas geopolíticas con Estados Unidos por la captura de Nicolás Maduro, guardando un preocupante silencio junto a su ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, ante la decisión más descarrilada de su gestión en estos casi cuatro años de gobierno.
Es urgente que el Consejo de Estado o la Corte Constitucional suspendan los efectos de estos decretos. No se trata solo de señalar errores de cálculo, sino de exigir una corrección técnica que devuelva la competitividad y proteja el empleo. Una política salarial es como un puente: si los cálculos de carga están mal diseñados, por más noble que sea el propósito de unir dos orillas, la obra terminará colapsando bajo su propio peso. El tejido empresarial no puede ser el laboratorio de un experimento populista e improvisado cuya reconstrucción nos resultará astronómica en costos. El presidente Petro aún puede actuar como estadista y rectificar; de lo contrario, su legado será el de haber infligido una herida profunda en la economía nacional que tardará varios años en cicatrizar.
“Es urgente que el Consejo de Estado o la Corte Constitucional suspendan los efectos de estos decretos”.
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