Ordenar la casa que nos deja Petro
Carmen, una lectora, dejó un comentario a mi columna anterior que terminó siendo el motor de esta. La semana pasada expuse el tamaño y el costo de la deuda pública que estamos heredando del Gobierno de Petro: más deuda, más cara y con menos margen de maniobra. En plata blanca, el próximo presidente tendrá que contener el gasto público, ordenar la casa, recomponer la credibilidad fiscal para abaratar la financiación, mejorar el recaudo sin ahogar la economía y, sobre todo, demostrar que las reformas sociales pueden sostenerse en el tiempo.
Petro llegó a la Presidencia prometiendo reformas sociales para lograr un país menos desigual. El problema no es el anhelo –ese lo compartimos–, sino la forma de pagarlo. Una cosa es desear cambios y otra es financiarlos sin reventar la chequera del país. Y aquí vale una analogía: gobernar la economía se parece a ejercer la medicina. Un buen médico no receta por aplausos ni por ideología; receta con diagnóstico, evidencia y dosis correctas. Puede tener las mejores intenciones, pero si confunde el síntoma con la enfermedad, termina agravando al paciente.
Las cifras del Presupuesto 2026 ilustran la magnitud del “peaje” financiero: el servicio de la deuda ronda los 102,5 billones de pesos, lo que vamos a abonar al capital de la deuda, y solo los intereses se estiman alrededor de 70,7 billones de pesos. En paralelo, el saldo de la deuda pública pasó de 789 billones de pesos (57 por ciento del PIB) en julio de 2022 a cerca de 1.180 billones de pesos (61,4 por ciento del PIB) en octubre de 2025: un salto cercano al 50 por ciento en poco más de tres años de Gobierno de Gustavo Petro. Lo grave es que ese aumento no vino acompañado de una bonanza de ingresos; por el contrario, una porción cada vez mayor del recaudo tributario termina destinada a pagar intereses. Eso reduce el margen real para gasto social e inversión productiva.
Y aquí conviene aclarar un punto para evitar malentendidos sobre una de las funciones del Estado: el Estado –con ayuda de nuestros impuestos– sí debe subsidiar programas sociales que disminuyan la desigualdad. Debe hacerlo para equiparar cargas allí donde el mercado no llega o llega tarde: salud, educación, atención digna al adulto mayor y apoyo a las regiones históricamente más rezagadas. Eso no es un capricho ni un “gasto suntuario”; es una obligación social. Pero la pregunta seria es cómo hacerlo. Porque subsidios financiados con deuda cara y con caja débil no son progresismo: son pan para hoy y hambre para mañana. Lo verdaderamente progresista –lo justo y lo de largo plazo– es construir un Estado capaz de sostener esos programas por décadas, no por una coyuntura electoral.
“… el Estado sí debe subsidiar programas sociales que disminuyan la desigualdad”.
Ahora sí, la pregunta de fondo que dejó Carmen: ¿cómo se paga sostenidamente la transformación social que anhela Colombia? Pensemos en la remodelación de una casa. Usted puede soñar con cocina nueva, baños dignos y un techo sin goteras. Se puede, claro. Pero si la obra se financia con deuda cara, se hace de manera improvisada y sin un maestro de obra competente, el resultado es doblemente malo: queda mal construida y, encima, termina con el inmueble empeñado. La transformación social no se paga con carreta presidencial: se paga con crecimiento, instituciones serias, confianza y un Estado eficiente.
Para lograrlo, el próximo presidente debe asumir retos concretos que, si se encaran con método, pueden volver a poner a Colombia en la senda del desarrollo y, con ello, de una política social sostenible.
En primer lugar, desactivar la polarización como forma de gobierno. El enfrentamiento político constante es, en realidad, un impuesto silencioso: frena inversión, encarece el crédito y erosiona la voluntad colectiva. Colombia necesita un jefe de Estado que sea símbolo de unidad y que fije un propósito superior: el desarrollo. El desarrollo reduce la pobreza porque crea empleo y empresas; y donde hay empleo formal, hay mayor recaudo para pensiones, salud y bienestar, además de más base para impuestos nacionales y territoriales.
En segundo lugar, rodearse de los mejores. La política económica y el desarrollo no admiten gabinetes de aplausos. Se requieren ministros y equipos de primer nivel técnico, con carácter para decir “no” cuando toque y con capacidad de ejecución. Y se requiere un presidente con la humildad de entender que no sabe más que todos: la suficiencia intelectual es un camino certero para cometer errores caros.
En tercer lugar, recuperar la confianza internacional. Esta tarea es más fácil de lo que parece, precisamente porque venimos de desatinos continuos. Profesionalizar la Cancillería, respetar la carrera diplomática y cuidar el relacionamiento con mercados y socios comerciales reduce la percepción de riesgo. Y cuando baja el riesgo, baja el costo de endeudarse.
“En primer lugar, desactivar la polarización como forma de gobierno”.
Esa confianza no es un concepto abstracto: es plata contante y sonante. Si el costo promedio de la deuda bajara incluso medio punto porcentual, el ahorro anual sería de varios billones, dinero que puede ir a hospitales, escuelas y atención al adulto mayor en lugar de salir del país como intereses. No hay nada más antisocial que regalar recursos al acreedor por falta de credibilidad.
En cuarto lugar, recuperar el control sobre la seguridad y el Estado de derecho. Una parte central de la confianza –y con frecuencia subestimada en los debates fiscales– es dejar de administrar la inseguridad como si fuera un dato inevitable del paisaje. Ningún inversionista serio, nacional o extranjero, compromete capital a largo plazo en un país donde la extorsión se normaliza, el control territorial se negocia y los grupos armados imponen reglas paralelas. Los procesos de paz son deseables y deben estar primero en el menú, sí, pero sin ingenuidades: con plazos definidos, verificación estricta y consecuencias claras ante el incumplimiento. Y cuando no hay voluntad real de desmovilización, el Estado debe aplicar autoridad dentro de la ley: investigación eficaz, judicialización oportuna y cárceles que castiguen y rehabiliten, no “universidades del crimen”. Para eso se requiere mejorar la inteligencia técnica y humana, asesorarse de los mejores, depurar con rapidez las manzanas podridas en la fuerza pública y sostener una línea ética innegociable: nunca más falsos positivos. La confianza también se construye cuando el ciudadano siente que el Estado lo protege sin violar la ley.
En quinto lugar, construir sobre lo construido. Un presidente no puede gobernar desde el ego ni desde la obsesión por “refundar” el país cada cuatro años. Los países que progresan no viven reinventándose; corrigen con transición ordenada, fortalecen lo que funciona y ajustan lo que falla. Cambios abruptos pueden sonar heroicos, pero suelen ser fiscalmente caros e institucionalmente destructivos.
En sexto lugar, tomar riesgos para impulsar el desarrollo empresarial. Aquí el foco es crecimiento. Con un recaudo tributario cercano a 296 billones de pesos en 2025, el tamaño de la “torta” importa. El recaudo reacciona al crecimiento, pero no por magia: reacciona cuando hay actividad formal, rentabilidad y consumo. Insisto en esta propuesta, que ya he hecho antes en esta columna: un esquema de renta diferenciado –micro y pequeñas con tasas menores de renta, grandes empresas con tasas mayores– puede ser efectivo si se diseña con reglas claras, sin huecos para evasión y con evaluación permanente. El objetivo no es “cobrar menos”: es crecer más para recaudar más, con empleo y productividad.
Y ese impulso no solo es tasa de impuestos: también es incentivos fiscales bien diseñados. Por ejemplo, promover inversión en maquinaria y equipos productivos y estimular la formación técnica del talento humano, de modo que la productividad suba y la economía deje de crecer a punta de consumo endeudado.
De la misma forma, hay una oportunidad enorme para modernizar la normatividad laboral y hacerla más flexible en beneficio de empleados y empleadores. La estabilidad laboral no se construye encareciendo indefinidamente la contratación; se construye con un mercado de trabajo dinámico, donde sea fácil entrar, capacitarse, moverse y volver a emplearse. Cuando contratar y despedir se vuelve excesivamente costoso, las empresas se defienden: congelan vacantes, recortan turnos, automatizan, tercerizan o empujan relaciones laborales hacia la informalidad. La alternativa sensata es proteger al trabajador, no al puesto: por ejemplo, un seguro nacional de desempleo, financiado por los empresarios, que acompañe la transición entre empleos y reduzca el miedo a la pérdida del ingreso, en vez de castigar al empleador con costos crecientes cada vez que termina una relación laboral.
“Y esa es precisamente la paradoja: que lo obvio se volvió extraordinario”.
Elevar una y otra vez los recargos de horas extras, dominicales y festivos tiene un límite, más aún con la reducción de la jornada semanal: a veces el exceso de protección, en lugar de evitar la precarización, termina produciendo desprotección. El resultado es conocido: menos contratación formal, menos horas disponibles y más presión sobre sectores intensivos en mano de obra –restaurantes, bares, comercio y servicios–, justo los que más empleo generan y le dan pulso al día a día de la economía.
En séptimo lugar, austeridad real: no discurso, sino bisturí. Si no se controla el gasto estatal sobrante, todo lo demás se queda en retórica. Ministerios ineficientes que no deberían existir, entidades convertidas en cuotas burocráticas y nóminas infladas no son “justicia social”: son burocracia política e ineficiente financiada con deuda.
En octavo lugar, lucha frontal contra la corrupción, con instrumentos y sanción. Sí, suena a canto a la bandera. Pero hay diferencia entre cantarlo y ejecutarlo: pliegos tipo, datos abiertos, trazabilidad de transferencias, compras públicas con analítica, veeduría pública, sanción efectiva y gerencia por resultados otra vez: por eso hay que rodearse de los mejores, para que cuiden el erario sin miedo y sin cálculos.
Algunos dirán que estas propuestas son obvias. Tienen razón. Y esa es precisamente la paradoja: que lo obvio se volvió extraordinario. Petro lo decía, pero no lo hacía; y a veces, mientras lo decía, hacía lo contrario: polarizaba cuando se requería unir, gastaba cuando se requería priorizar, improvisaba cuando se requería método, dijo que se iba a rodear de los mejores y prescindió de ellos o ni siquiera los convocó. Por eso el desafío del próximo gobierno no es inventar una teoría nueva de país; es ejecutar con disciplina lo básico, lo evidente, lo que funciona. Colombia no está descuadrada y endeudada por falta de ideas; está así por falta de ejecución y método.
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