Paseo millonario en Chapinero, una historia que lleva 15 años repitiéndose en Bogotá
El desenlace no puede ser más doloroso e indignante.
En la madrugada del 16 de enero, un ciudadano alertó a las autoridades sobre un incendio en la vereda Los Soches, localidad de Usme. Al llegar al lugar, los policías que atendieron el llamado encontraron el cuerpo calcinado de un hombre.
Hacía tan solo unas horas, en la noche del 15 de enero, el profesor Neill Felipe Cubides Ariza había dejado a su esposa y a su hijo de 10 años en urgencias pediátricas de la Clínica del Country, en la localidad de Chapinero. Por las reglas de ingreso, que solo permiten un acompañante, el profesor Cubides salió del centro clínico y tomó un taxi sobre la carrera 15.
Eso fue lo último que su familia supo de él. Cubides tenía 54 años. Era profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad Externado de Colombia y, además, trabajaba como asesor en la Procuraduría General de la Nación. Era padre de dos hijos, un niño de 10 años y una joven de 17.
La desaparición del profesor se reportó en cuestión de horas. Cuando su esposa se comunicó con los bancos para bloquear sus tarjetas, se enteró de que entre la 1:25 y la 1:51 de la madrugada del 16 de enero se hicieron tres movimientos por cerca de 6.250.000 pesos, dos transferencias por dos y cuatro millones, y una compra por 250.000 pesos. El registro de ubicación que citó El Tiempo sitúa esos movimientos en Venecia, en el sur de Bogotá.
El paradero del profesor se supo cuando fueron identificados los restos del cuerpo encontrado en Usme.
Lo más decepcionante es que esta historia parece la repetición de otras. La localidad de Chapinero acumula antecedentes de ‘paseos millonarios’ ejecutados de manera similar y registrados, a través de los años, en informes de prensa.
El 29 de enero de 2011, a las 10:30 de la noche, Carolina Zapata Rivera tomó un taxi en la zona rosa. En el trayecto notó que el conductor no seguía la ruta sugerida y la llevó hacia otro sector de la ciudad. Años después, la Corte Suprema dejó en firme una de las condenas más altas por este delito, al concluir que no era un ‘hurto’ cualquiera, sino un secuestro con extorsión y violencia.
El 10 de marzo de 2011, Guillermo Galvis tomó un taxi en el Parque de la 93 y terminó asesinado. En reconstrucciones judiciales y periodísticas posteriores, su muerte aparece ligada a delincuentes especializados en paseos millonarios.
En julio de 2011, el ciudadano ruso Vitaly Shubinsky tomó un taxi en la calle 93. Días después, su cuerpo fue hallado en el suroccidente de Bogotá. El caso tiene características recurrentes, taxis que se toman en Chapinero cuyo destino final, y fatal, termina en el sur de la ciudad.
El 20 de junio de 2013 ocurrió, quizá, uno de los casos más recordados. El agente de la DEA James ‘Terry’ Watson salió de un restaurante en el Parque de la 93 y tomó un taxi hacia las 11:07 de la noche. La investigación pública del caso lo ubicó, otra vez, en ese corredor donde la rumba, la oferta de transporte y las bandas se cruzan. Fue asesinado y el episodio generó presión diplomática. Los responsables, esa vez, fueron capturados y judicializados.
La madrugada del 30 de mayo de 2017, Carlos Fabián Herrera Merchán fue visto por última vez en la calle 85 con carrera 13, en plena Zona Rosa. Su desaparición se reportó de inmediato y, días después, Medicina Legal confirmó su muerte. Otro caso de paseo millonario que acabó en homicidio, con el mismo patrón de modo, lugar y hora.
Lo que se evidencia en todos estos casos es que esta no es una problemática ligada al azar ni está esparcida de forma difusa por toda la ciudad. Se repite en la misma localidad, en los mismos corredores y en la misma franja horaria, un patrón que ocurre una y otra vez, por lo menos, desde hace 15 años en Bogotá.
Supondría uno que, si el problema está tan concentrado, la respuesta y la actuación de las autoridades también deberían estarlo, y a todas luces no lo está. Falla la disuasión, falla la presencia policial en la zona y falla la reacción, porque entre la alerta y la respuesta efectiva los delincuentes vacían las cuentas de sus víctimas y, como en el caso del profesor Cubides, terminan con su vida. Y también falla otro factor, no menos importante, las cámaras de seguridad. Estas cámaras o no están funcionando o no operan como un sistema en tiempo real que permita identificar vehículo y ruta.
Sobre las dichosas cámaras ya ha habido informes y alertas por parte de organismos de control de Bogotá. La Personería de Bogotá advirtió que el 30 por ciento de las cámaras de vigilancia de la ciudad, a agosto de 2025, no funcionaban, y la Contraloría de Bogotá encontró hallazgos fiscales por 2.274 millones de pesos por irregularidades en pagos del contrato de mantenimiento del sistema de videovigilancia.
La inseguridad ha sido un problema que por décadas ha azotado a los bogotanos. Por eso, en 2016 fue creada la a Secretaría Distrital de Seguridad. La idea era concentrar en una sola entidad la política pública de seguridad y convivencia de la ciudad, coordinar a las entidades del Distrito con la Policía y la Fiscalía, e implementar un mecanismo de respuesta más efectivo y articulado a las denuncias recibidas en la línea 123. Su creación también buscó ordenar el manejo de los recursos, reemplazando el esquema anterior mediante la supresión del Fondo de Vigilancia y Seguridad, entidad que se vio envuelta en millonarios escándalos durante la alcaldía de Gustavo Petro.
Para 2026, la Secretaría Distrital de Seguridad contará con un presupuesto de 886.382 millones. En 2014, cuando existía el Fondo de Vigilancia y Seguridad, el presupuesto fue de 185.260 millones. En pesos corrientes, el salto es evidente. Hoy la Secretaría maneja un monto varias veces superior, aunque la comparación no es perfecta por el cambio de año, la inflación y el rediseño institucional.
Una década después, con mayor burocracia y más inversión, los problemas de seguridad de Bogotá parecen seguir siendo los mismos. No basta con crear nuevas entidades si en las mismas no hay liderazgo y eficiencia.
