Petro no cuidó el bolsillo de la nación
En el mundo de las finanzas globales, existen clubes a los que nadie quiere pertenecer. Al iniciar este 2026, Colombia acaba de entrar en uno de los más exclusivos y peligrosos: el de los países que más caro pagan por su deuda. Según un análisis del equipo de Investigaciones Económicas del Banco Popular, al mirar los bonos soberanos a 10 años denominados en dólares, Colombia es el tercer país emergente que más caro se financia, con una tasa cercana al 6,8 por ciento superada únicamente por Ucrania —una nación en guerra— y Argentina —un país que está superando una crisis económica crónica—. Este es el resultado de una gestión fiscal que decidió ignorar las alarmas de la cordura económica para sostener un gasto sin freno.
Para entender la magnitud del problema, imaginemos las finanzas de un hogar colombiano promedio. Imagine que su familia gana 100 pesos, pero gasta 120 cada mes. Para cubrir ese hueco de 20 pesos (lo que los economistas llaman déficit fiscal), usted recurre a tarjetas de crédito. Al principio, el banco le presta con facilidad, pero cuando ve que su deuda total ha pasado de ser manejable a ser una montaña impagable, le sube los intereses. Usted termina trabajando ya no para comprar comida o arreglar la casa, sino simplemente para pagar los intereses de lo que ya se gastó. Esa es, exactamente, la situación de Colombia hoy.
Hay que decirlo con claridad: la situación de asfixia fiscal que vive el país tiene nombre y apellido. El presidente Gustavo Petro es el único responsable de haber convertido una economía que buscaba la estabilidad en un hogar que gasta lo que no tiene y que ha decidido, en el último tramo de su gobierno, "descararse" financieramente. La evidencia más reciente es el aumento del 23 por ciento en el salario mínimo para este año; una decisión desbordada y populista que, si bien suena atractiva en los discursos, ha terminado por descuadernar las finanzas del Estado al aumentar aún más un déficit fiscal que ya era insostenible -por encima del 7 por ciento del PIB- y, de paso, generar presión inflacionaria y destrucción de empleo formal.
“Colombia es el tercer país emergente que más caro se financia”.
A lo largo de sus años de gobierno, el presidente tuvo oportunidades para rectificar el gasto fuera de control. Ministros de Hacienda con formación técnica intentaron entrar en razón y poner límites al gasto expansivo, pero la respuesta de Petro fue simple: los cambió. En su visión, la disciplina fiscal es un estorbo para su narrativa de "cambio". Hoy, cuando faltan apenas siete meses para que termine su mandato, no hay un solo gesto de corrección. Al contrario, el Gobierno ha optado por profundizar el abismo, dejando una herencia de finanzas maltrechas que Colombia tardará años en sanear.
Las cifras son contundentes y no admiten excusas ideológicas. En julio de 2022, el saldo de la deuda pública era de 789 billones de pesos, equivalentes al 57 por ciento del PIB. Para octubre de 2025, esa cifra saltó a los 1,180 billones, aumentando hasta alcanzar el 61.4 por ciento del producto interno bruto. Estamos hablando de un incremento del 50 por ciento en poco más de tres años. Un aumento que no vino acompañado de una bonanza de ingresos; por el contrario, el recaudo de la DIAN ha fallado sistemáticamente en cumplir sus metas, dejando brechas que superan los 10 billones de pesos anuales. Cuando el dinero de los impuestos no alcanza, la única salida del Gobierno ha sido pedir más prestado, pero a costos más altos. Ah, y expedir reformas tributarias, al amparo de emergencias económicas sin sustento, para recaudar más impuestos.
El problema central no es solo cuánto debemos, sino a qué precio. Muchos defensores del actual Gobierno argumentan que la deuda es una "herencia" de la pandemia. Si bien es cierto que el endeudamiento subió en 2020, hay una diferencia abismal: en plena crisis del COVID-19, el país se endeudaba a tasas del 2,4 al 3.2 por ciento en dólares. Hoy, bajo la administración de Gustavo Petro, hemos tenido que salir al mercado internacional a aceptar tasas cercanas al 6 por ciento en dólares. Las tasas de interés han subido en el mundo, pero para Colombia hay un castigo adicional. Ese es el "impuesto a la desconfianza": los inversionistas nos perciben como un país con mayor riesgo de incumplimiento, nos cobran más caro el dinero que nos prestan.
Esta desconfianza tiene raíces claras. El gasto público se ha vuelto extremadamente rígido y expansivo. Mientras el Gobierno insiste en una narrativa de justicia social, la realidad técnica es que el 93 por ciento del presupuesto ya está comprometido en gastos obligatorios y en el servicio de la deuda. En este 2026, Colombia destinará cerca de un poco más de 70 billones de pesos solo al pago de intereses, un 19.1 por ciento más respecto del año anterior. Para ponerlo en perspectiva: uno de cada cuatro pesos que recaudamos en impuestos se va directamente a los bolsillos de los acreedores, en lugar de financiar escuelas, hospitales o infraestructura.
La urgencia por conseguir efectivo llevó al Gobierno a realizar maniobras desesperadas, como la operación con el fondo PIMCO en diciembre pasado. En un momento en que la caja de la Nación estaba en mínimos históricos —apenas 1,4 billones de pesos para cerrar el año—, el Ministerio de Hacienda realizó una colocación directa de 23 billones para reemplazar deuda a una tasa asfixiante del 13,15 por ciento en pesos. No conformes con eso, en enero de este año se emitieron bonos por casi 5.000 millones de dólares (unos 18,5 billones de pesos) a una tasa del 5,9 por ciento en dólares: una cifra que triplica lo que pagábamos en plena pandemia. Indistintamente del destino de estos recursos, la realidad es que estamos 'empeñando las joyas de la abuela' para poder pagar los servicios del mes. Estas operaciones, aunque legales, envían una señal de fragilidad institucional que calificadoras como Fitch y Standard & Poor’s ya han empezado a castigar con advertencias sobre nuestra sostenibilidad.
“Estamos hablando de un incremento del 50 por ciento en poco más de tres años. Un aumento que no vino acompañado de una bonanza de ingresos…”
Cualquier intento de defensa de Petro basado en el ‘espejo retrovisor’ o en choques externos es, para usar una palabra que el propio presidente utiliza con frecuencia, "carreta". El mercado no nos cobra caro por lo que hizo el Gobierno anterior: nos cobra por la incertidumbre que genera un mandatario que se salta la Regla Fiscal y que prefiere la retórica y el populismo a la gestión. El aumento del salario mínimo sin sustento productivo fue la estocada final para la confianza de los inversionistas, quienes hoy nos ven con el mismo recelo que a una nación que está entrando en crisis.
Petro insiste en que "el gasto social era necesario". Es un argumento noble, pero incompleto. El verdadero gasto social es aquel que es sostenible en el tiempo. Gastar hoy lo que no se tiene, financiándolo con deuda cara, nunca será justicia social: es una transferencia de riqueza desde los contribuyentes del futuro hacia los bancos de hoy. La deuda que se contrae hoy para pagar subsidios corrientes es la misma que mañana impedirá que existan fondos para pensiones o salud. No hay nada menos social que una crisis fiscal que termine en una devaluación o en una inflación que devore el salario de los más pobres.
El impacto de este desajuste se sentirá pronto en el bolsillo de todos los colombianos. Cuando el Estado satura el mercado con deuda para financiarse, empujará al alza las tasas de interés para el resto de la economía. Por eso, el ciudadano que va a buscar un crédito de vivienda o el microempresario que necesita capital de trabajo encontrará tasas de interés cada vez más altas. La crisis fiscal de la Nación es, en última instancia, el freno de mano de la economía privada.
“El país que Petro entregará en agosto de 2026 será un país con la tarjeta de crédito reventada y las instituciones fiscales debilitadas”.
El país que Petro entregará en agosto de 2026 será un país con la tarjeta de crédito reventada y las instituciones fiscales debilitadas. El próximo presidente no podrá ser otro populista irresponsable que prometa reformas sin fondos; Colombia necesitará a un verdadero estadista que tenga la disciplina de ordenar la casa y la valentía de decirle la verdad a los ciudadanos: que la transformación social solo es posible si hay con qué pagarla.
Colombia necesita recuperar la cordura financiera. La responsabilidad fiscal no es una bandera de derecha o izquierda: es la base mínima de la soberanía nacional. El llamado debe ser a la austeridad real, a la priorización de la inversión productiva sobre la burocracia expansiva y, sobre todo, a respetar las instituciones que garantizan que el país sea un destino seguro para la inversión. Gobernar es priorizar, y hoy la prioridad absoluta debe ser evitar que el país caiga por el barranco del impago y la irrelevancia internacional. Sin caja, no hay transformación posible.
Gustavo Petro ha fallado en lo más básico: cuidar el bolsillo de la Nación. El balance final de su paso por el poder no será el cambio prometido, sino una hipoteca asfixiante y un país que tendrá que trabajar el doble para pagar los platos rotos de un experimento que ignoró la realidad económica. La historia no recordará sus excusas, sino el vacío que dejó en la tesorería de todos los colombianos.
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