Salario mínimo y mínimo vital
El incremento por decreto del salario mínimo (SMLV) de 23 por ciento y del auxilio de transporte de 24 por ciento es un aumento exagerado y equivocado en las actuales circunstancias económicas del país; además, es falsa su motivación con base en el concepto de mínimo vital. Es cierto que beneficiará a 2.5 millones de trabajadores y le dará más votos al candidato oficial, pero serán más los perdedores, entre ellos los grupos más pobres y vulnerables de la sociedad.
Llevar más de 20 años escribiendo y argumentando contra los economistas ortodoxos que, en determinadas circunstancias, el salario mínimo puede subir por encima de la inflación sin que cause más inflación o desempleo, me da la tranquilidad para criticar la última alza sin temor a que me descalifiquen por neoliberal o uribista. No la critico porque se haya subido el salario real, sino porque la magnitud del incremento es perjudicial. Como dijo el exministro Cristo, subir el salario mínimo por encima de la inflación sí, pero no así.
Mi crítica parte de un análisis del concepto de mínimo vital y de dos hechos evidentes: uno, que en economía no hay leyes universales ni verdades absolutas que sean aplicables en cualquier circunstancia y dos, que en cualquier decisión de política económica siempre hay ganadores y perdedores, y que las decisiones acertadas son las que tienen más beneficios que costos.
La confusión del mínimo vital
La base legal del decreto 1469/2025 que fija el SMLV es el artículo 53 de la Constitución que establece “el _derecho a una remuneración mínima, vital y móvil_”. Este derecho lo asimila el decreto al concepto de salario vital de la OIT que es el “_suficiente para garantizar a las personas trabajadoras y a sus familias un nivel de vida digno, que permita cubrir de manera efectiva sus necesidades esenciales, tales como alimentación, vivienda, educación, atención médica, transporte y vestido, entre otras_”.
El decreto utiliza la metodología de la OIT para determinar que el salario vital para un hogar de 3 personas es de 1.746.882 pesos, que es 22.7 por ciento superior al SMLV de 2025. Redondeando las cifras, el Gobierno fijó en 23 por ciento el aumento del SMLV, pero además decretó, sin ninguna justificación, un aumento del Auxilio de Transporte del 24.5 por ciento para una remuneración total de 2.000.000 de pesos que equivale a un aumento del 23.2 por ciento.
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El cálculo del decreto tiene una grave equivocación metodológica que deja sin piso la base legal del aumento decretado. En efecto, el mismo decreto señala que los gastos de transporte son parte de las necesidades esenciales de los trabajadores, y por lo tanto ya están incluidos en el valor que se debe definir del salario mínimo vital. Por lo tanto, el monto de 1.746.882 pesos que según la OIT es el salario vital debe ser la suma del SMLV y el Auxilio de Transporte.
En consecuencia, para lograr el objetivo que motiva el decreto de que el SMLV sea igual al salario vital solo se requeriría un aumento del 7.6 por ciento, y no existe ningún fundamento legal ni metodológico para haber incrementado el SMLV en 23 por ciento, ni mucho menos el auxilio de transporte en 24.2 por ciento.
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Ganadores y perdedores
Nadie debería oponerse a que 2.5 millones de trabajadores aumenten sus ingresos un 23 por ciento, siempre y cuando se sepa quién va a pagar ese enorme aumento y si hay personas o grupos que van salir perjudicados con la medida.
En este caso hay varios ganadores además de los trabajadores beneficiados y quienes reciben pensión mínima igual al SMLV. También están otros que no lo necesitan, como los constructores de vivienda VIS y VIP que van a poder aumentar sus precios en 23 por ciento, o los importadores, pues con la revaluación del peso una buena parte del aumento de la demanda que genere los mayores salarios se va a ir a comprar productos de China y no de la industria nacional.
Pero los perdedores son más numerosos y son los grupos más vulnerables de la población. Ante todo, una parte de los mismos trabajadores que reciben el SMLV que van a perder sus empleos, sobre todo en las pymes, porque sus empleadores no tienen cómo absorber ese aumento de costos y van a reducir su personal.
Por ejemplo, los porteros y los meseros son dos grupos en donde se van a producir despidos. Con el encarecimiento de los servicios de vigilancia, no solo por el SMLV sino por la reducción de la jornada y los recargos nocturnos, ya en muchos edificios de clase media se están planteando reducir turnos, contratar vigilantes informales o reemplazarlos con cámaras.
Lo mismo está pasando en los restaurantes, donde si no cierran, van a reducir personal o contratarlos informalmente; por su parte, el sindicato de empleadas del servicio doméstico advierte que se va a incrementar la contratación informal. También pierden las empresas exportadoras de productos agrícolas (flores, aguacate, café) que con un peso muy revaluado van a despedir gente para poder seguir compitiendo. Y ni qué decir del sector salud del régimen contributivo, que solo va a aumentar sus ingresos (la UPC) en menos de 10 por ciento, mientras que buena parte de su costo laboral subirá 23 por ciento.
Se podrían dar muchos más ejemplos concretos, pero en general se puede decir que los grandes perdedores son los trabajadores que van a perder sus empleos formales, y todos aquellos cuyos ingresos solo subirán con la inflación y sus gastos se incrementarán más. Es decir, todos los trabajadores informales y la clase media vulnerable.
El grupo más grande perdedores somo todos los colombianos, pues el mayor empleador afectado con la exagerada alza del SMLV es el Estado. Según MinHacienda, el costo fiscal del aumento del salario mínimo en el Gobierno central será de 7 billones de pesos, que aumentarán el ya elevado déficit fiscal, de manera que o tendremos que pagar más impuestos, o se va a recortar otros programas públicos, entre ellos los sociales que benefician a los más pobres.
La equivocación del presidente no es aumentar el salario mínimo por encima de la inflación, ni querer mejorar los ingresos de un grupo de trabajadores; en los años anteriores se hizo con aumentos moderados que defendí, y que no tuvieron efectos negativos sobre la economía y el empleo. En esta ocasión, el error es hacer un aumento exagerado de casi cinco veces la inflación para hacer campaña electoral con decisiones económicas que sí le pueden dar un par de millones de votos, pero a costa del bienestar de millones de colombianos.
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ADENDA: Lo mejor que le puede pasar a Colombia es que caiga el régimen de Maduro. Lo peor que le puede pasar a Colombia, es que sólo caiga Maduro y siga su régimen. Peor aún, que esto suceda por una intervención ilegal de Trump, no para restaurar la democracia sino para hacer negocios.
