Carrotanques, coimas y campañas, el descaro que La Guajira paga con sed

Pocas iniciativas son tan nobles y necesarias como llevar agua a los niños de La Guajira. Según datos del Dane, en 2024 este fue el quinto departamento con la tasa de mortalidad en menores de un año más alta del país: 19,6 por cada 1.000 nacidos vivos, cifra que es casi el doble del promedio nacional.

Por eso el cacareado proyecto del actual Gobierno de llevar agua en carrotanques a las comunidades guajiras pegó en todo el país. Voceros como Sneyder Pinilla vendieron sus bondades con tal convicción que más de uno terminó pensando: ¿cómo no se le había ocurrido a alguien antes?

Sin embargo, quienes conocen la región y las exigencias sanitarias desde un principio advirtieron lo fútil de la iniciativa. En La Guajira no es llevar pequeñas cantidades de agua, sino tener de dónde sacarla de manera estable y garantizar un suministro continuo. Un carrotanque depende de puntos de abastecimiento que muchas veces no existen o no dan abasto; y, cuando existen, obligan a recorrer distancias largas por trochas y calor, con costos que terminan haciendo inviable la operación. Se entregan los litros que caben en el tanque y hay que volver a llenarlo. A esto hay que sumarle el riesgo sanitario en el transporte del agua. En resumen, se vendió como una solución de fondo lo que, en el mejor de los casos, apenas servía como medida de emergencia.

El hecho guarda una similitud con otras Innovaciones cacareadas durante la alcaldía del hoy presidente; motos eléctricas para la Policía, cámaras biométricas y máquinas tapahuecos que terminaron en el olvido, sin ningún beneficio real para los ciudadanos. Solo que el escándalo de ahora deja como víctimas a una de las comunidades más vulnerables del país, miles de millones perdidos, dos exministros privados de la libertad y 11 congresistas con líos judiciales.

Las cifras del escándalo inician con el contrato de 46.800 millones para comprar 40 carrotanques para La Guajira y en el que hubo sobrecostos que oscilan entre los 14.000 y 16.000 millones de pesos. A ese contrato se le amarraron otros frentes del mismo “paquete del agua” que vale la pena mencionar porque quedaron dentro de la misma línea, entre ellos la construcción de jagüeyes y el alquiler de 222 carrotanques por más de 110.000 millones, un convenio con la Agencia Nacional de Tierras cercano a 98.392 millones y el contrato de plantas desalinizadoras por 42.000 millones. Y, en el centro político, la Fiscalía ha sostenido que de ese entuerto salieron 4.000 millones en sobornos, con una repartición señalada de 3.000 millones para Iván Name, presidente del Senado y 1.000 millones para Andrés Calle, presidente de la Cámara.

De los nombres salpicados por el caso UNGRD que, en vísperas de las legislativas de marzo de 2026, aparecen orondos y lirondos haciendo campaña para volver al Congreso, están Wadith Manzur Imbett, conservador, que busca ahora “ayudar a su gente” desde el Senado mientras la Corte Suprema de Justicia lo llamó a indagatoria por presuntos acuerdos e irregularidades ligadas a contratación de la entidad; Karen Astrith Manrique Olarte, representante por curul de paz, también en campaña y con indagatoria ordenada por la Corte en la misma línea; Julio Elías Chagüi Flórez, senador del Partido de la U, que busca repetir y cuyo nombre figura en la compulsa de copias contra aforados por presuntas irregularidades en la UNGRD; Martha Isabel Peralta Epieyú, que quiere mantenerse en el Senado por curul indígena del Movimiento Alternativo Indígena y Social y quedó bajo el radar después de que la Fiscalía General de la Nación pidiera a la Corte investigarla por señalamientos sobre contratación asociada a proyectos de agua en La Guajira; Sor Berenice Bedoya Pérez, senadora de Alianza Social Independiente, mencionada en el expediente y con actuaciones judiciales reportadas alrededor de esas menciones; y Juan Loreto Gómez Soto, representante que también está en campaña y aparece en el frente de acciones por pérdida de investidura y señalamientos públicos de presuntas gestiones en contratación ligada al mismo entramado.

Aquí el escándalo no es que los involucrados pretendan mantenerse en el Congreso, sino que haya votantes dispuestos a premiarlos.