El candidato sin patines

En el Catatumbo no solo se disparan fusiles. También se firman contratos dudosos. Y esos, a veces, hacen igual de daño. Durante décadas esta región ha sido sinónimo de guerra, narcotráfico y abandono estatal. Pero hay otra violencia menos visible y más sofisticada, la que se ejecuta con papel membreteado, contratación directa y redes políticas que sobreviven a cualquier escándalo llevándose los recursos de la región.

En Chinácota, uno de los municipios más simbólicos de esa zona y del departamento de Norte de Santander, el deporte terminó convertido en coartada. El proyecto era la construcción del Patinódromo El Trébol al lado de una cancha de fútbol sintética. El ejecutor la Empresa Industrial y Comercial del Estado, EICE Faro del Catatumbo. El firmante, el entonces alcalde, y hoy candidato a la Cámara de Representantes, José Luis Duarte Contreras. Un trébol de cuatro hojas, pero para los políticos del caso, no para el municipio, claro.

La historia empieza el 23 de junio de 2023, cuando se suscribió el contrato interadministrativo 002 bajo la modalidad de contratación directa, por casi de 2.700 millones de pesos. Este acuerdo se firmó entre la Alcaldía de Chinácota y la EICE Faro del Catatumbo, como ya dijimos. No hubo licitación pública. No hubo competencia. Hubo un acuerdo entre entidades públicas que, en teoría, debía garantizar eficiencia y transparencia. En teoría.

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El objeto era la construcción del escenario deportivo en terrenos del Instituto Técnico Agropecuario de Chinácota. Un proyecto social. Una obra para jóvenes. Una bandera políticamente rentable. El problema no era el patinódromo. Era el terreno.

Desde los estudios previos, la administración conocía la localización exacta del proyecto, las condiciones ambientales del predio y la cantidad de árboles que debían ser intervenidos por quedar en medio de un denso bosque. También sabía que la zona tenía restricciones y que el uso del suelo no era accesorio. Y, aun así, el proyecto avanzó sin tramitar previamente los permisos ambientales ante la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, Corponor. 

El 13 de abril de 2024 se socializó la obra y tan solo dos días después se anunció su inicio. Sin licencia de tala, sin autorización ambiental y sin viabilidad jurídica definitiva. Cuando la comunidad educativa y ciudadanos se opusieron, mediante acciones populares y tutelas, la respuesta oficial fue que todo estaba en regla. Pero el propio oficio de Corponor fue categórico: si el proyecto implicaba poda de árboles, debía tramitarse previamente el permiso ambiental y ajustarse al uso del suelo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT.

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Más contundente aún. En sus sistemas no existía ninguna solicitud de licencia o permiso relacionada con la construcción en ese predio. No era un trámite accesorio, era un requisito esencial.

El EOT tampoco avalaba el uso propuesto. La Secretaría de Control Urbano certificó que el suelo tenía destinaciones distintas y restricciones ambientales claras. Así esto quedó sin permisos ambientales, sin ajuste al EOT y con oposición ciudadana. De árbol enfermizo, no esperes fruto rollizo, decía mi abuelita. 

El resultado fue el único posible. La administración actual tuvo que liquidar el contrato y anunciar que el proyecto sería trasladado a otro predio, aunque en el SECOP no aparece con claridad la liquidación definitiva. Eso sí, no preguntemos por los 2.700 millones de pesos.

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Esto no fue un error técnico menor. El principio de planeación contractual, consagrado en la Ley 80 de 1993, exige que antes de celebrar un contrato de obra pública existan estudios, diseños y permisos que garanticen viabilidad técnica, ambiental y jurídica. El Código Penal, en su artículo 410, establece que tramitar o celebrar contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales puede acarrear penas de prisión de hasta 12 años.

No es una advertencia teórica. La Corte Suprema ha condenado exgobernadores y alcaldes por hechos similares. Pero el patinódromo no es solo un expediente contractual mal estructurado. Es el reflejo de una forma de ejercer el poder en el departamento de Norte de Santander. Si esto fuera una disciplina olímpica, Norte de Santander competiría por el oro en patinaje artístico por su arte de deslizar contratos sobre terrenos jurídicamente inestables.

El entonces alcalde y ahora candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador, José Luis Duarte Contreras, no es un actor aislado. Es hermano de Ronald Geovany Duarte Contreras, empresario capturado el 2 de diciembre de 2024 en una lujosa propiedad del exclusivo barrio Blanco de Cúcuta, en un operativo de la Dijín y el CTI de la Fiscalía.

La Fiscalía lo investiga por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir. Según reportes de prensa nacional, las autoridades le han rastreado bienes y movimientos financieros que podrían superar los 83.000 millones de pesos. Entre los bienes bajo investigación se encuentran propiedades inmobiliarias, un lote en el condominio Mirador del Resumen I adquirido en 2022, y el hotel y restaurante El Portón de San Marcos, en Chinácota, vinculado societariamente a su entorno cercano.

Las investigaciones también han señalado operaciones financieras con giros provenientes de Estados Unidos, China, Hong Kong, Vietnam y Panamá, canalizados a través de estructuras empresariales bajo revisión. No para ahí. El nombre de Ronald Duarte también apareció en el debate público tras el asesinato del periodista y veedor ciudadano Jaime Vásquez, ocurrido el 14 de abril de 2024 en Cúcuta, luego de que se hicieran públicos audios de una fuerte discusión telefónica entre ambos. 

El veedor y periodista Vásquez se encontraba denunciando irregularidades contractuales y manejos cuestionables de recursos públicos en la región. La Fiscalía ha judicializado a miembros de estructuras criminales por ese crimen, pero el contexto en el que se produjo no puede separarse del ambiente político y contractual que se denunciaba.

Los hermanos Duarte, conocidos localmente como ‘los chelines’, y sus familiares, han tenido presencia histórica en la política regional. Hijos de exdiputado hacen parte de una estructura con trayectoria territorial. En el tablero político de Norte de Santander, el ahora candidato a la Cámara ha sido señalado en el pasado como ficha del exgobernador Ramiro Suárez Corzo, condenado a 27 años de prisión por homicidio, y muy cercano a las estructuras asociadas al actual gobernador William Villamizar Laguado.

Esto no es un juicio penal. Es un mapa político. Y en ese mapa, la contratación pública no es neutral. El patinódromo es un símbolo de una estructura mucho mayor. Porque en Norte de Santander, esa contratación ha sido históricamente un instrumento de acumulación de poder, en donde las Empresas Industriales y Comerciales del Estado se terminan convirtiendo en vehículos de ejecución rápida, contratación directa y concentración de recursos sin la competencia propia de una licitación abierta. De árbol caído todo el mundo hace leña y si cae en manos de políticos, ni astillas quedan, diría mi profesor de penal.

Porque cuando un proyecto nace sin permisos ambientales, en suelo no habilitado y bajo modalidad directa, el problema no es el cemento, es el modelo. Y el Catatumbo no solo enfrenta economías ilegales en sus montañas, también enfrenta economías políticas en sus alcaldías y gobernaciones.

La captura institucional no solo llega con fusiles. A veces llega con estudios previos incompletos; otras veces, con contratación interadministrativa y la mayoría llega con proyectos sociales que nadie cuestiona hasta que la comunidad descubre que, para ejecutarlos, hay que desconocer la ley. Y ahora, quien firmó esos contratos aspira a, nada más ni nada menos, que tener asiento en el Congreso. 

Esa región necesita inversión. Necesita infraestructura. Necesita Estado. Y seguramente un patinódromo. Lo que no requiere es improvisación jurídica ni captura contractual disfrazada de desarrollo. Un escenario deportivo puede parecer menor frente a los grandes escándalos nacionales, pero cuando se firma sin cumplir requisitos esenciales, deja de ser una obra social y se convierte en evidencia.

El Catatumbo no está condenado por su geografía: está condicionado por sus reglas. Y en el momento en que esas se negocian antes que cumplirse, el problema no es la ausencia de obras, sino la ausencia de límites. Y ahora parte de ese modelo quiere poder patinar las leyes y legislar. 

@yohirakerman; [email protected]