Intimidación armada y linchamiento digital: el amargo panorama electoral de 2026

Quiero expresar mis condolencias a las familias del patrullero de la Policía, Esmeli Manrique, y del escolta de la UNP, Wilmer Antonio Leal.

Fueron asesinados el pasado 5 de febrero, en la vía Fortul–Tame, hacia la 1:40 de la tarde. Hacían parte del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, quien no viajaba con ellos.

A través de un comunicado, el ELN confirmó que fue el responsable de la matanza.

Con el paso de los días se han conocido nuevos videos. En uno de ellos se ve a uno de los criminales riendo mientras descarga su fusil AK-47 contra el vehículo.

La esposa de Leal está embarazada: otro niño que crecerá sin el abrazo de su padre, sin su voz que lo reconforte, sin su amorosa guía y sin navidades en su compañía.

La misma terrible suerte que enfrenta el hijo pequeño de Miguel Uribe Turbay.

Giovanny Gallo, presidente de Analtraseg, uno de los sindicatos de la UNP, ha planteado varias preguntas: por qué la avanzada se hizo por carretera en una región tan peligrosa; por qué el blindaje habría sido de nivel tres si la zona exige una protección superior; y por qué, en un territorio que no es precisamente nuevo para la guerra, no se tomaron decisiones más estrictas de mitigación del riesgo.

Este es el último evento ocurrido en el contexto de un proceso electoral que viene siendo marcado por la violencia y falta de garantías.

Para hacernos una idea, miremos las cifras de violencia electoral durante las elecciones de 2018 y 2022. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), en 2018 se registraron 348 hechos; en 2022, la cifra ascendió a 751 casos; y, en lo que va del proceso actual, los hechos suman 415. Si se contrasta esta última cifra con la de 2018, el proceso actual ya va un 19,3 por ciento por encima (415 frente a 348).

A las cifras de la MOE se suma el primer informe de seguimiento al proceso electoral, entregado por la Defensoría del Pueblo. Este documento complementa la radiografía de la MOE porque revisa el cumplimiento del compromiso, por parte de las precandidaturas y fuerzas políticas, de adoptar reglas básicas del juego democrático: rechazar la violencia, moderar el lenguaje, evitar la estigmatización y hacer política sobre hechos verificables.

Al hacer ese seguimiento, la Defensoría concluye que el punto más frágil se centra en la construcción de un debate plural y democrático, y lo explica en dos aspectos concretos: la baja circulación de información veraz y el retroceso en el lenguaje constructivo. A eso le suma un fenómeno que ya está en marcha como forma de intimidación política: la violencia digital, con prácticas como la suplantación, el doxing (compartir dirección de la casa, teléfono, cédula, lugar de trabajo, placas del carro o datos de familiares) y la difusión de contenidos manipulados, que enrarecen la conversación pública, confunden y elevan el riesgo electoral.

Lo que la Defensoría está advirtiendo es que esto no es un tema menor. La estigmatización y la deslegitimación del contradictor instalan un lenguaje que, en un país con larga historia de violencia política, puede abrir la puerta a justificar agresiones más graves contra quienes son presentados como enemigos, sobre todo cuando esos mensajes se amplifican en medios y redes.

Este proceso electoral transcurre en un momento en el que el país discute, con razón, el deterioro de la seguridad y del orden público, y en el que buena parte de la opinión le endilga responsabilidad a las políticas de seguridad del Gobierno: cesión de control territorial a grupos armados, pérdida de capacidad de disuasión y de reacción, y una acelerada reorganización de esos grupos en las regiones. A ese panorama hay que sumarle la degradación del debate.

Circula información falsa y se usa un lenguaje agresivo en cuentas de gran alcance que, en la práctica, funcionan como brigadas de hostigamiento. Habrá casos de activismo y, muy seguramente, otros de propaganda paga, financiada por campañas, partidos o terceros. Y, respecto de la financiación, hay un debate que lleva meses sobre la mesa: denuncias públicas según las cuales influenciadores de este tipo habrían recibido recursos del propio Estado. Eso no puede generalizarse y es necesario revisar caso por caso.

Lo que no tiene discusión es la necesidad de transparencia: quién paga, por cuál canal y con qué propósito. Sin esas reglas, la violencia digital puede terminar empujando la discusión política hacia la agresión y la violencia.

Un proceso electoral en paz debe ser un propósito y un compromiso que una a todas las partes; es la única forma de que, dentro de cuatro años, no estemos contando más muertos, más amenazas, más miedo y más odio, en una Colombia con divisiones que no pueden llegar a ser irreconciliables.