La ANH financia campañas
La Agencia Nacional de Hidrocarburos estaría siendo utilizada como plataforma contractual para apoyar y financiar campañas políticas al Congreso. La documentación indica eso. Lo más sorprendente es que no se trataría de candidatos del Pacto Histórico, sino de Cambio Radical.
Así como se oye. Contratos entregados a dedo que suman más de 1.500 millones de pesos, procesos de convenios que alcanzaron los 50.000 millones, actas de inicio, delegaciones de supervisión y una pelea interna con el Ministerio de Minas y Energía, muestran que recursos públicos asignados a la ANH estarían sirviendo para aceitar una maquinaria política en el departamento de Boyacá.
No se trata de una inferencia ligera ni de un cruce malintencionado de hechos inconexos. No. El patrón emerge cuando se revisan los documentos, se siguen los nombres y se superponen las fechas. Lo que resulta no es un error administrativo aislado, sino una arquitectura contractual con beneficiarios claros y un propósito político reconocible. Como decía mi abuelita, punto, cadeneta y dato.
Por eso hay que ir al principio de este hilo para tejer la historia. Desde noviembre de 2023, el ingeniero geólogo y abogado boyacense, Orlando Velandia Sepúlveda, estuvo al frente de la ANH, entidad estatal encargada de administrar integralmente las reservas y recursos hidrocarburíferos de la nación.
El 12 de febrero de 2024, por medio de la resolución 0078, Velandia nombró vicepresidente administrativo y financiero al también boyacense, Fabián Camilo Rojas Barrera. Un cargo estratégico, con control directo, entre otras, sobre la contratación. No hay puntada sin dedal.
El señor Rojas duró más de un año en la agencia, ordenando el gasto, definiendo supervisores, validando actas de inicio y permitiendo que la nómina paralela del Estado se convirtiera en herramienta de poder. El mismo Rojas anunció, hace dos meses, su candidatura a la Cámara de Representantes por Boyacá, avalado por el Partido Cambio Radical.
El problema no es el salto a la política electoral. El escándalo es lo que él y su exjefe, el señor Velandia, dejaron andando desde 2024, para que la ANH comenzara a poblarse de contratistas con elegantes tejidas corbatas provenientes de Boyacá, que ahora constituyen su plataforma de apoyo político.
No llegaron por concursos abiertos ni por necesidades técnicas demostrables. Llegaron por tener peso electoral en el departamento al ser exalcaldes, exconcejales, excongresistas, operadores políticos regionales y familiares de dirigentes tradicionales de Boyacá. Muchos con contratos sucesivos, honorarios elevados y objetos contractuales amplios, difíciles de auditar y fáciles de justificar en el papel.
Los archivos revisados permiten identificar más de 20 contratos que superan los 1.500 millones de pesos. Nada mal. Varios de ellos fueron firmados días antes de la renuncia de Velandia, que se dio el domingo pasado, o renovados en plena antesala electoral. Otros aparecen enlazados por el mismo supervisor, la misma dependencia o una cadena de decisiones que controlaba Rojas desde su vicepresidencia. Y como diría mi profesor de penal: la coincidencia deja de ser coincidencia cuando se empieza a reproducir.
Para entender por qué esta red de contratos se logró y se blindó desde adentro, hay que detenerse en una disputa interna que tuvo la ANH con el Ministerio de Minas y Energía. Una vuelta más y lo dejo, repetía mi abuelita, tejiendo con un suspiro nudos que nadie podía desatar. Y eso que no era boyacense.
El contexto es importante. A finales de noviembre del año pasado, entre el 25 y el 26 de ese mes, el señor Velandia salió del país en comisión oficial a Catar para asistir a una conferencia de temas solares. Su ausencia obligaba a dejar un presidente encargado en la ANH. La decisión de Velandia fue clara: encargar a la entonces vicepresidenta de Contratos de Hidrocarburos, la doctora María Nella Márquez Romero. Aquí empezó un pulso de alquilar balcón, entre Velandia y el ministro Edwin Palma.
Bien puedan sigan, siéntense en este balcón. Al momento de hacerse efectivo el encargo, el Ministerio de Minas tomó otra decisión y el funcionario designado fue el secretario general de esa cartera, Elkin Leonardo Pérez Zambrano. En su primer acto como encargado, Pérez pidió varias renuncias dentro de la entidad, pero solo una se concretó: la de María Nella Márquez. En la práctica, fue sacada por la puerta de atrás, contrariando la instrucción directa de Velandia y evidenciando una fractura abierta entre la dirección de la ANH y el ministerio.
En ese pulso, Velandia movió a su ficha más leal. Tras la salida de Márquez, decidió encargar la vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos a Pedro de Jesús Rojas Álvarez. Este tuvo que dar una voltereta contractual para posesionarse en el cargo y con eso conservar la ordenación de un gasto multimillonario. Esa vicepresidencia concentra algunos de los recursos más jugosos de la ANH.
El tema viene a que desde allí se impulsó un proceso contractual poco claro y de gran envergadura, que se fue inflando a más de 50.000 millones de pesos, relacionado con gestión socioambiental en territorios de hidrocarburos. Ambiguo. Según las fuentes que han pedido guardar su identidad, esa contratación estaba siendo, tras bambalinas, manejada por Rojas y Velandia. Los documentos muestran que el proceso ya contaba con sondeo de mercado y estaba pensado para ejecutarse en plena campaña electoral y cerrarse antes del cambio de Gobierno, de modo que ninguna nueva administración pudiera meterle la mano.
El proceso solo se detuvo cuando el ministerio intervino. En una comunicación interna fechada el 27 de enero de 2026, el propio Pedro de Jesús Rojas Álvarez solicitó la suspensión temporal del proceso contractual ANH-004-RE-2026. La razón no fue técnica ni presupuestal. Fue una orden expresa del secretario general del Ministerio de Minas y Energía.
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Este episodio no es ajeno a la denuncia del supuesto financiamiento de campaña. Solo muestra cómo esto se estaba planificando desde tiempo atrás. Y mientras desde la vicepresidencia de Contratos se intentaba, presuntamente, asegurar que los recursos más voluminosos de la entidad permanecieran bajo el control del mismo círculo cercano, la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, que dirigió Fabián Rojas, firmaba y supervisaba contratos para operadores políticos en Boyacá. Dos frentes distintos, una sola lógica: sostener con contratación pública una estructura territorial en plena época electoral. Costurera sin dedal, cose poco y aprieta mal, también decía mi abuelita.
Por eso vamos a los afortunados contratistas que han sido leales en su campaña. Uno de los casos más visibles es el del exalcalde de Sogamoso Sandro Condía, quien aparece con el contrato 272 firmado el pasado 30 de enero con la ANH por 126 millones de pesos y, al mismo tiempo, como promotor activo en redes sociales de la candidatura de Rojas Barrera. No se trata de una afinidad ideológica discreta, sino de apoyo político abierto mientras se reciben recursos públicos. La ropa sucia, cuando se mancha de hidrocarburos, se lava en campaña.
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El mismo patrón se observa en un excandidato al Concejo de Tunja, Juan Camilo Murcia, quien firmó el contrato 214 el 17 de enero con la ANH. En paralelo, promociona al mismo candidato y su sumó a su equipo, como quien dice contrato vigente, campaña vigente.
Lo mismo pasa con el señor Plinio Rolando Forero, exalcalde de Campohermoso y exdirector de Corpochivor, quien tiene el contrato 420 de 2026. La lista continúa con el contrato 137 de 2026 para Clara Munévar Amézquita, quien es de Tunja, ha trabajado en la superintendencia de subsidio familiar, es amiga de Velandia y muestra en sus redes el apoyo a Rojas.
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El equipo de investigación de esta columna también encontró el nombre de Miguel Ángel García, exalcalde de Sogamoso con el contrato 350 de 2026; Edgar Espíndola Niño, exalcalde del mismo municipio y exsenador, con el acuerdo 268 firmado el pasado 20 de enero; y Samir Armando Quiñones Murcia, quien con su hermano cuenta con alta influencia en el occidente de Boyacá, con el convenio 245 firmado un día antes. Todos, ahora, especialistas de hidrocarburos. Todos alineados.
Hay también vínculos familiares que no pasan inadvertidos. Figura entre los contratos el 376 de 2026 para Héctor Ángel Ortiz Fandiño, hijo del poderoso político boyacense con el mismo nombre que milita en el Centro Democrático. La ANH, bajo esta lógica, no solo contrata profesionales, recicla apellidos y estructuras de poder regional. Uno de los acuerdos más ilustrativos es el 661 de 2025, suscrito con Fabio Antonio Guerrero Amaya, exdirector de Corpochivor y exsecretario de Ambiente de Boyacá, con un salario de 123 milloncitos de pesos. Un objeto técnicamente discutible, pero políticamente muy bien ubicado.
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Finalmente, está el señor Jairo Armando Peña, con el contrato 203 de 2024, el 0017 de 2025 y el acuerdo 0027 de 2026 por 137 millones de pesos. Llegó a la agencia cuando Fabián Rojas fue nombrado vicepresidente y, como ordenador del gasto, firmó el acta de inicio de los contratos de 2024 y 2025 como su supervisor. A esto se suman otros 13 contratos entregados a otras personas influyentes y oriundas del departamento de Boyacá, fuera de la política, entre los que están abogados, trabajadores sociales e incluso periodistas.
Pero no solo hay gente que apoya, sino también copartidarios. En la lista de Cambio Radical por Boyacá aparece Vicente Aníbal Ojeda, quien en 2024 obtuvo el contrato 351, bajo la supervisión de Rojas. En 2025 consiguió el contrato 118, que cedió en diciembre pasado, y en 2026 el contrato número 379, nuevamente cedido, esta vez a Andrés Leonardo Godoy. Una cadena de cesiones que opera como endosando un cheque al portador. Y Rojas, mientras tanto, pasó de supervisor contractual a compañero de lista al Congreso. Del gobierno del cambio a los candidatos del Cambio, pero Radical.
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Tal como se señaló antes, en medio de este entramado, Orlando Velandia renunció a la presidencia de la ANH el pasado domingo. El dato cambia el paisaje, pero no el fondo. La salida es reciente, pero el daño dejado por la masiva contratación que se hizo en enero bajo su mandato persistirá. En especial porque la renuncia no desmonta la estructura descrita, y ningún contrato se cae con un comunicado.
Por eso cuando la contratación pública se convierte en plataforma electoral, el problema no es solo un candidato. Es un gobierno que prometió cambiar las reglas y termina convirtiéndose en todo lo que criticó, incluso peor, financiando campañas ajenas con dineros públicos. Boyacá vota y la ANH paga.
@yohirakerman; [email protected]
