La tragedia que viene
La complejidad es enemiga de la transparencia. Esta máxima, que los gobiernos conocen y explotan muy bien, es también el talón de Aquiles del periodismo. Me refiero a lo siguiente: cuando está ocurriendo un hecho que puede tener consecuencias catastróficas para millones de personas, lo peor que puede pasar es que pase desapercibido. La razón para que nos agarre desprevenidos suele ser la falta de atención, y esa falta de atención casi siempre tiene una causa: lo difícil que es entender la cadena de hechos que nos llevarán al precipicio. Lamento lo abstracto de estas ideas iniciales, pero lo que quiero decir es esto: el Gobierno de Gustavo Petro, a través de su ministerio de Hacienda, está llevando al país a un precipicio fiscal sin precedentes, y la forma como lo está haciendo ha quedado en evidencia solo entre unos pocos analistas financieros, algunos de los cuales trabajaron en el Gobierno, pero poco más. La dificultad técnica de las maniobras fiscales de la Dirección de Crédito Público del ministerio de Hacienda facilita la opacidad que el Gobierno necesita hasta las elecciones. Si la gente entendiera lo que está pasando, lo que tendríamos sería un segundo estallido social.
El punto, entonces, es que la naturaleza técnica y compleja de estas operaciones, y el efecto en cámara lenta de sus consecuencias, le ayudan al Gobierno en dos cosas fundamentales: elaborar un enrevesado maquillaje financiero que solo sirve para tapar el hueco de hoy subiendo un hueco mayor para mañana, y encubrir el lío fiscal hasta que la gente salga a votar pensando que las cosas van muy bien. El informe anual de Corficolombiana, que tiene datos muy preocupantes, dice que uno de los mayores retos de 2026 a 2030 será el de la sostenibilidad fiscal: “entre 2019 y 2025, los gastos del Gobierno Nacional Central (GNC) aumentaron cinco veces más que sus ingresos, muy por encima del promedio de la región. Colombia necesita realizar un ajuste fiscal de entre 3 y 4 puntos del PIB para cumplir la regla fiscal en 2028”.
Sí, y hay técnicos en Hacienda que, en los corredores y murmurando, advierten que las inflexibilidades presupuestales del Estado ya superaron el 100 por ciento, lo que significa que el Estado no solo está gastando más, sino que el gasto real es incluso mayor al que reconoce el Gobierno, dejando prácticamente sin margen de maniobra las finanzas públicas. Buena parte de esta presión se explica por el aumento del salario mínimo del 23,7 por ciento, que encareció compromisos obligatorios como el Sistema General de Participaciones, los salarios de profesores, fuerza pública y jueces, los giros a la ADRES para la salud, entre otros rubros que por ley no se pueden dejar de pagar. Históricamente estos gastos representaban alrededor del 85 por ciento del presupuesto, permitiendo cierto espacio para inversión, pero hoy ese margen desapareció y, por el contrario, existe un faltante incluso para cubrir el funcionamiento básico del Estado y atender las vigencias futuras. ¿Ustedes creen que el retraso en los pagos a los profesores distritales de Bogotá fue una simple anécdota?, ¿o más bien el primer síntoma febril de la enfermedad que viene?
Miremos algunos números. La deuda pública de Colombia alcanzó el año pasado un nivel crítico de 1,19 millones de billones de pesos (313.436 millones de dólares), equivalente al 62,6 por ciento del PIB, revirtiendo la reducción que se logró en 2023. El ritmo de endeudamiento se duplicó, pasando de un promedio mensual de 7,5 billones entre 2022 y 2024, a 14,25 billones en 2025. Es un Gobierno derrochón e irresponsable. Mientras tanto, el costo financiero se disparó con tasas de los TES cercanas al 13 por ciento, sin hablar de los Títulos de Tesorería a Corto Plazo (TSO), cuyas tasas están casi tan altas como los de largo plazo: 12,6 por ciento. La consecuencia de esto es que el Estado ya destina más recursos al pago de intereses que a la inversión pública. Entiendo que no esté tan claro en el día a día de la gente, y que muchos sientan que tienen un poder adquisitivo mayor gracias a los incrementos del salario mínimo. Pero el panorama en el mediano plazo, probablemente tan pronto como el segundo semestre de este 2026, pinta para el inicio de una recesión que todos tendremos que pagar. Costará sangre y sudor.
