Lanchas en la mitad del desierto
El pasado 21 de enero, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció con entusiasmo la entrega de dos ambulancias marítimas al hospital San José, de Maicao. La noticia de la entrega de las sofisticadas lanchas fue presentada como un avance en la capacidad de atención del sistema de salud de La Guajira. El detalle sorprendente, sin embargo, es que ese municipio está ubicado en pleno corazón del desierto y no tiene costas ni vías fluviales.
El Gobierno se vio obligado días después a explicar que el hospital “sí está habilitado” para operar transporte marítimo. No explicó, en cambio, dónde ni para qué. El episodio, más que una anécdota administrativa, funciona como una metáfora precisa de cómo la administración del presidente Gustavo Petro ha manejado la política de salud en La Guajira. Decisiones tomadas desde el escritorio, anuncios diseñados para la foto y una desconexión alarmante con la realidad del departamento.
Ese mismo método explica por qué, mientras se multiplicaron los anuncios oficiales, el propio Ministerio de Salud tuvo que ordenar la devolución de recursos públicos el pasado 4 de febrero, imponer sanciones por incumplimientos contractuales y admitir el fracaso de varios de sus proyectos en el territorio. Esa noticia pasó casi desapercibida, pero es reveladora. Confirma que la política de salud para los guajiros no solo se improvisó, sino que falló.
Lo ocurrido no es un accidente aislado. Es el síntoma de una enfermedad más profunda. En La Guajira, los hospitales no colapsan: se vacían. No por falta de pacientes, sino por exceso de corrupción. No por ausencia del Estado, sino por una presencia desordenada, politizada y clientelista. Mientras se habla de dignidad y justicia social, los proyectos de salud se han convertido en cajas menores con bata blanca, donde los recursos públicos entran con nombre propio y salen sin rastro. En La Guajira, la política conspira y el paciente suspira.
Para explicar esto, conviene recordar el contexto en el que todo fue anunciado. En septiembre de 2024, el mismo ministro de Salud, informó que el Gobierno destinaría más de 300.000 millones de pesos a hospitales públicos y clínicas privadas para apoyar la atención médica de la población migrante. Importante.
La inversión se concentraría, según explicó el ministro, en las zonas fronterizas con Venezuela, donde la presión sobre los servicios de salud es mayor. Atención primaria fortalecida, infraestructura hospitalaria renovada y dignidad para los territorios más golpeados. La Guajira fue uno de los departamentos citados como prioridad. El ministro celebró el anuncio como el inicio de una nueva etapa, y sus voceros políticos en el Congreso lo replicaron como prueba de que, por fin, el Estado había llegado a ese árido territorio. Pero mucha bulla y poca cabuya, como diría mi abuelita.
El problema no es solo que no ha pasado nada con los hospitales. O la entrega de dos ambulancias marítimas para usar en tierra, o en un mar de mentiras. No. Me explico con un par de ejemplos.
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El 15 de enero de 2025, ante una crítica situación financiera, administrativa, jurídica y asistencial, la Superintendencia Nacional de Salud anunció la intervención del Hospital de Nazareth en La Guajira. La medida incluyó la toma de control de bienes y operaciones del centro, con el objetivo de estabilizar la prestación de servicios de salud en la región.
Las auditorías realizadas en 2024 identificaron 28 incumplimientos significativos en la gestión de la entidad, evidenciando fallas que afectan la atención oportuna y adecuada a los usuarios, especialmente en contextos de enfoque diferencial. Más llagas que un nazareno.
No se trata de un caso aislado ni de un hospital marginal. Ante la debacle, el Ministerio de Salud y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), instalaron un hospital móvil de campaña en Nazareth, compuesto por nueve carpas interconectadas, anunciado como respuesta directa a una visita presidencial.
Sin embargo, la Secretaría de Salud de La Guajira solicitó formalmente, en abril de 2025, información sobre su habilitación, señalando que no existía inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud. Nunca hubo respuesta clara. Ni sobre la habilitación, ni sobre la fuente de financiación, ni sobre la sostenibilidad del servicio. Las normas se acomodaron después, no antes.
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El mismo esquema se replicó en el Hospital San José, de Maicao, el de las flamantes ambulancias marítimas para usar cuando se den caudalosos arroyos que se forman en la época de lluvias. Esta entidad se encuentra intervenida por el Gobierno nacional, por medio de la Superintendencia Nacional de Salud, y administrada por un gerente interventor.
Allí aparece el capítulo más delicado, el de los recursos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Según respuesta oficial del propio instituto, el ICBF suscribió un convenio interadministrativo con el Hospital San José, de Maicao, y un contrato de aporte con Comfaguajira, para la alimentación, nutrición y fortalecimiento familiar. Si Comfaguajira le rima por esto con confabulación interna contra La Guajira, apreciado lector, no lo culpo.
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En la práctica, esto significó que recursos destinados a la primera infancia wayuu terminaron siendo administrados por entidades intervenidas, sin autonomía real y bajo el mismo eje político administrativo. Dinero para niños en manos de estructuras capturadas.
La cifra no fue menor. Funcionarios y documentos señalan que estos recursos superaron los 15.000 millones de pesos, ejecutados sin que exista claridad pública sobre trazabilidad, selección de operadores ni resultados verificables en reducción de desnutrición.
Acá se pone peor. Funcionarios de los hospitales de Nazareth y de Maicao señalan a la superintendente delegada para la prestación de servicios de salud, la señora Beatriz Gómez Consuegra, esposa del ministro Guillermo Alonso Jaramillo, por supuestamente haber dado instrucciones para que los contratos de medicamentos, insumos y servicios como exámenes fueran asignados de manera directa, sin licitar. El cura habría dicho: juntos, hasta que la contratación irregular los separe.
Según las fuentes que pidieron guardar su identidad, ello habría tenido lugar en una reunión a puerta cerrada y con vigilancia, donde se habría puesto a los funcionarios a firmar los contratos o entregar sus renuncias. Ahora bien, tanto la SuperSalud como los interventores de ambos hospitales, han negado la presencia de Gómez, pero no se puede olvidar que ella ya tuvo un episodio similar registrado en video, donde amenaza a dos funcionarios para que contrataran un buque hospital en Amazonas.
A este panorama de la salud en La Guajira se suman los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). El Ministerio de Salud anunció el año pasado la construcción de 25 CAPS en ese departamento, con una inversión proyectada de más de 82.000 millones de pesos, contratados mediante convenio interadministrativo con ENTerritorio, entidad que subcontrató la construcción con terceros.
La semana pasada, el propio Ministerio de Salud reconoció los graves incumplimientos contractuales, impuso sanciones a ENTerritorio por 1.640 millones de pesos, decidió no prorrogar el contrato y ordenó la devolución de los recursos girados a la fiducia para los contratistas, que ascendían a aproximadamente a 16.000 millones de pesos. Fallas ENTerritorio.
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El ministerio admitió, además, que los CAPS no fueron ejecutados conforme a lo pactado y que el contrato finalizó sin cumplir los objetivos anunciados. Es decir, el corazón de la reforma a la salud en La Guajira terminó en sanción, devolución y fracaso administrativo.
En medio de todo este entramado aparece una figura política que ha estado en los anuncios pomposos de manejo de salud en La Guajira y en algunas de las debacles de esta administración: la congresista Martha Isabel Peralta Epieyú, presidenta de la Comisión Séptima del Senado. Desde allí ha respaldado las posiciones del Gobierno, ha defendido los anuncios, ha acompañado al ministro de Salud en el territorio y ha responsabilizado exclusivamente a los gobiernos locales del desastre histórico de la salud guajira.
Documentos obtenidos en exclusiva por esta columna ya habían demostrado que la senadora Peralta Epieyú no fue una figura periférica en el escándalo de la UNGRD, sino una presencia reiterada en momentos clave previos a decisiones contractuales millonarias. No como firmante de contratos, sino como gestora de accesos, acompañamientos y relaciones que terminaron traduciéndose en nombramientos y giros de recursos públicos.
Los registros oficiales de ingreso a la UNGRD obtenidos por esta columna muestran que el 19 de septiembre de 2023, la senadora Peralta ingresó a la sede para reunirse con Olmedo López, hoy confeso corrupto. La congresista no llegó sola. Según la planilla de seguridad, estuvo acompañada por los señores Issa Francisco Rizcala Lozano y Jorge Rizcala Mudvi, quienes se identificaron como funcionarios del Senado.
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Dos días más tarde, el 21 de septiembre, la senadora del Pacto Histórico regresó a la UNGRD para una segunda reunión con Olmedo López. No existe constancia pública de la agenda ni del contenido de esos encuentros. Lo que sí existe es una secuencia posterior de decisiones administrativas que resulta imposible ignorar.
El 24 de octubre de 2023, un mes después de esas reuniones, la UNGRD contrató a Carmen Domitila Iguarán Suárez, costurera muy cercana de la senadora Peralta, para integrar el grupo de gestión contractual de la entidad. Según su acta de inicio, Iguarán se desempeñó como especialista y ordenadora del gasto durante cinco meses, una posición con capacidad directa de incidencia sobre procesos contractuales. Un paréntesis. La señora Carmen Domitila, después de su paso por la UNGRD, fue contratada por Comfaguajira, ¿se acuerdan lo que rima con confabulación contra La Guajira? Sigamos.
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Al día siguiente, el 25 de octubre, la UNGRD aprobó la orden de proveeduría 189-2023, por un valor de más de 2.125 millones de pesos, para el alquiler de 7.500 horas de maquinaria amarilla destinadas a atender una supuesta “situación de desastre de carácter nacional” en Riohacha, La Guajira.
El contrato fue autorizado por el entonces subdirector general Víctor Andrés Meza Galván y aprobado por Sneyder Pinilla, hoy preso y procesado. El beneficiario fue la empresa Inversiones IRL SAS, cuyo nombre coincide con las iniciales de Issa Rizcala Lozano, uno de los acompañantes de la senadora Peralta en las reuniones con Olmedo López.
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Según registros mercantiles, la empresa tiene un objeto social amplio e inespecífico, cambió de nombre en 2021, antes se llamaba Inversiones Rizcala Lozano SAS, y reporta domicilio en una vivienda residencial en Neiva, sin evidencia de contar con maquinaria pesada propia ni capacidad operativa acorde con el contrato adjudicado.
Es relevante subrayar que, en octubre de 2023, no existía ninguna declaratoria de desastre nacional, departamental ni municipal en Riohacha que justificara ese contrato. Aun así, los recursos fueron girados y ejecutados. La secuencia es clara y está documentada: visitas previas de la senadora, nombramiento de una persona de su entorno como ordenadora del gasto, contrato millonario adjudicado a una empresa vinculada a uno de sus acompañantes. No se trata de inferencias políticas, sino de hechos administrativos conectados en tiempo, modo y lugar.
Así que no se trata de afirmar que la senadora firmó contratos o giró recursos. No. Se trata de algo políticamente preocupante y es que ha sido la garante y defensora de un modelo que permitió este desangre administrativo de recursos nacionales en el departamento que dice defender. Nada de lo descrito aquí es anecdótico ni aislado.
Las ambulancias marítimas en el desierto, los hospitales intervenidos que no mejoran, los hospitales con carpas que aparecen y desaparecen como espejismos en el desierto, los recursos de la primera infancia administrados por entidades capturadas, los CAPS sancionados y devueltos, y la secuencia documentada de reuniones, nombramientos y contratos en la UNGRD responden a un mismo patrón: un modelo de poder que anuncia sin ejecutar, interviene sin resolver y administra recursos públicos sin rendir cuentas.
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El ministro de Salud debe responder por una política que fracasó en el territorio y porque su entorno más cercano, según funcionarios, aparece señalado como factor de presión indebida. La senadora Peralta, por su parte, porque ha sido la defensora política constante de ese modelo, presente en los anuncios y ausente en las explicaciones. Porque cuando los hospitales se vacían, los contratos se devuelven y los recursos destinados a la salud de los más vulnerables se diluyen, el problema ya no es técnico ni administrativo: es de modelo de gobierno. Y ese poder, en La Guajira, tiene nombres, cargos y beneficiarios visibles. No se puede tapar el sol guajiro con un dedo, ni adjudicándolo a dedo.
@yohirakerman; [email protected]
