Los fleteros de Fontibón y la ética del Estado

En Bogotá los titulares se repiten hasta el cansancio. Es frustrante. Capturan en flagrancia a una banda de fleteo, les incautan armas y vehículos, hay videos, seguimientos, informes… y horas después un juez los deja en libertad porque “no tienen antecedentes”. El caso de hace pocos días, visibilizado con indignación por el alcalde, Carlos Fernando Galán, es emblemático: dos hombres de 22 y 24 años fueron sorprendidos por las autoridades, en la localidad de Fontibón, con revólveres cargados, un taxi y motocicletas asociados a varios robos a usuarios bancarios.

La Policía no los capturó por casualidad. Había trazabilidad en cámaras, modus operandi repetido, vehículos identificados. Según las autoridades, uno de los capturados registra anotaciones por tráfico de moneda falsa, hurto agravado y calificado e incluso fuga de presos. Aun así, un juez de control de garantías consideró que podían seguir en libertad porque la Fiscalía no logró acreditar antecedentes vigentes, riesgo de fuga ni peligro concreto para la sociedad en caso de que quedaran en libertad. El mensaje para la ciudadanía es claro: ni la flagrancia ni el prontuario parecen bastar para que el sistema judicial se tome en serio el riesgo. “Así es muy difícil”, dijo el alcalde al denunciar lo ocurrido.

Lo sucedido no es un hecho aislado. En 2025, de 1.690 personas capturadas en Bogotá por porte ilegal de armas, 1.155 quedaron en libertad. El Código Penal es claro al respecto: quien porte un arma de fuego ilegalmente en Colombia incurre en prisión de 9 a 12 años. La finalidad de la norma es proteger la seguridad ciudadana, reducir la violencia armada y mantener el control estatal sobre la circulación de armas. La realidad, sin embargo, es que más del 68 por ciento de quienes fueron sorprendidos con un arma –la herramienta básica del crimen violento– están hoy en la calle. Al ciudadano que madruga a trabajar, hace fila en el banco y camina a su casa sin escoltas no hay que explicarle teorías jurídicas: siente, con razón, que el Estado lo dejó solo.

“Lo que casi nunca se dice es que la primera obligación ética del Estado es con el ciudadano respetuoso de la ley…”.

Se nos repite, con fundamento legal pero escasa empatía, que la detención preventiva es la excepción, que la libertad es la regla, que la presunción de inocencia es intocable. Todo eso es cierto. Lo que casi nunca se dice es que la primera obligación ética del Estado es con el ciudadano respetuoso de la ley, no con el hombre armado que lo acecha a la salida del cajero. Cuando el juez duda, la duda casi siempre se resuelve a favor del presunto delincuente, nunca de la potencial víctima.

Recuerdo una noticia de finales de 2023: un juez de conocimiento regañó públicamente a su colega, juez de control de garantías, calificando su decisión de “insensata”, y no era para menos. Había dejado en libertad a 24 presuntos criminales en Bogotá, vinculados a dos peligrosas bandas delincuenciales, después de casi un año de investigación de la Policía. Esta vez la falla se le atribuyó a la Fiscalía, por haber radicado tarde ciertas actuaciones procesales. La Fiscalía no aceptó el regaño; la juez de garantías tampoco aceptó la crítica del juez de conocimiento. Mientras unos y otros se cruzaban reproches técnicos, los 24 presuntos delincuentes aplaudían en cámara la decisión que los dejaba libres. Mientras los criminales celebran las grietas del sistema, los ciudadanos quedamos indefensos ante una justicia anquilosada que, en la práctica, termina actuando a favor del delincuente y no de la sociedad.

“Cuando el juez duda, la duda casi siempre se resuelve a favor del presunto delincuente, nunca de la potencial víctima”.  

No solo en Fontibón, sino en tantos casos recientes, parece que hubiéramos construido un sistema que exige prueba casi metafísica del “peligro para la sociedad” o del “riesgo de fuga”, pero que a la vez se muestra ciego ante la realidad del crimen. ¿De verdad hay que demostrar que un sujeto que sale a “cazar” ciudadanos con un revólver en la pretina es peligroso? ¿En serio debemos convencer a un despacho de que alguien que ya se fugó una vez podría intentarlo de nuevo? Esa lógica convierte en excepción la detención y en rutina la puerta giratoria por la que salen libres los delincuentes.

La seguridad no es un capricho de mano dura: es condición básica para el trabajo, la inversión, el comercio de barrio y la vida en comunidad. Sin seguridad no hay prosperidad económica ni movilidad social; solo miedo, rejas más altas y una lenta renuncia al espacio público y a la tranquilidad. Un país en el que quien respeta la ley vive con miedo y quien la viola vive de la ley está condenado a la mediocridad y al subdesarrollo.

No puedo menos que relacionar esto con las próximas elecciones de marzo y mayo de 2026, que no pueden convertirse en un trámite más de la democracia. Elegiremos congresistas y presidente de la República, es decir, a quienes tienen en sus manos la llave de cualquier reforma seria a la justicia penal. Esta justicia inclinada a favor del delincuente no se corrige con titulares indignados –ni con columnas como esta, aunque ayuden a visibilizar la enfermedad–, sino desde un Gobierno y un Congreso dispuestos a reorientar el gasto público, dejar de alimentar burocracias inútiles, conciertos en la Plaza de Bolívar, ministerios ineficientes, embajadas inservibles y nómina estatal sobrante, sin mencionar la corrupción, para destinar esos recursos a fortalecer un sistema de investigación, persecución, justicia y reclusión robusto, serio, capaz de resocializar, pero firme para apartar al delincuente de la calle. En esas urnas habrá que votar por quienes pongan en el centro de la justicia el bienestar del ciudadano de bien, y no la comodidad del que vive del delito.

“Esta justicia inclinada a favor del delincuente no se corrige con titulares indignados”.

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