¿Qué sigue en la materia fiscal?

A medida que se acercan las elecciones la pregunta resulta más acuciante: ¿qué sigue para Colombia en materia fiscal? 

Hemos llegado a un grado de deterioro tal que, sin duda, este tiene que ser el interrogante que con mayor claridad empiecen a responder los candidatos gananciosos en las consultas y en las encuestas. Hasta ahora prácticamente no han dicho nada.

Lo cierto es que al 7 de agosto de 2026 llegaremos con el siguiente panorama:

-El déficit fiscal más alto en muchos años, probablemente cercano al 8 por ciento del PIB.

-Un nivel de deuda pública sin antecedente: como el Gobierno resolvió inobservar la regla fiscal, prácticamente el grueso del financiamiento del gasto público en el segundo semestre de 2026 se está haciendo a base de más endeudamiento.

-Un país sin regla fiscal no es viable en las circunstancias en que Petro deja a Colombia. Resulta indispensable reactivar la regla fiscal cuanto antes.

-Unas instituciones fiscales destruidas e irrespetadas por el propio Gobierno ha sido la constante de este mandato. La manera como se presentaron y tramitaron los presupuestos de 2025 y 2026 no respetaron ni la Constitución ni el estatuto orgánico del presupuesto. El Gobierno creyó que inflando artificialmente el monto del presupuesto se arreglaban las cosas. Y obligaba al Congreso a aprobar las leyes de financiamiento. No resultó así. El presidente Petro tuvo que reconocerlo y anunciar que tendrá que hacer un nuevo recorte de gastos de 16 billones de pesos, para llegar a los 40 billones que es indispensable recortar en el plan de gastos para ajustar las cuentas descuadernadas por la improvisación del actual Gobierno.

Ante este anuncio me permití comentar lo siguiente: En su afán por buscar culpables (Banco de la República, exministros, Corte constitucional) de la crisis fiscal inédita en que tiene al país, Gustavo Petro ha olvidado que las leyes fiscales le imponen como presidente una obligación: ajustar los gastos a los ingresos. Por eso, los recortes que hoy anuncia no son una proeza: son el cumplimiento tardío de una responsabilidad fiscal que ha eludido hasta ahora.

El nuevo gobierno tendrá que moderar el ritmo de gastos en que anda el actual e inaugurarse con una nueva reforma tributaria en la que ya deberían estar trabajando los equipos de los candidatos. Tiene que ser una reforma bien estudiada, concertada y, ante todo, que no se crea que a base de insultos -como lo ha venido haciendo Petro- se van a ajustar las cuentas fiscales del país. Esta debe ser una acción prioritaria de la nueva administración.

Pero, ante todo: el nuevo Gobierno debe entender desde la primera que en materia de impuestos el Ejecutivo propone, pero el Legislativo es el que dispone. Así lo manda la Constitución.

Debe haber entonces un gran acuerdo político para volver a poner en orden las descaecidas finanzas públicas. Esto no se logra a base de improperios contra el Congreso, contra el sector privado ni, tampoco, creyendo que el Legislativo tiene la obligación de aprobarle a pie juntillas a la Casa de Nariño todo lo que esta proponga. De ahí la necesidad de un gran pacto fiscal con el que debe dar sus primeros pasos el nuevo Gobierno.

En materia fiscal, el Gobierno que se inaugura el 7 de agosto tendrá que respetar algo elemental pero esencial: cumplir con el título XII de la Constitución. Cosa que no ha hecho el Gobierno de Gustavo Petro.